Blindaje de urnas contra el dinero Ilícito: una necesidad

El acuerdo entre el Consejo Nacional Electoral y la UAFE para reforzar el control del financiamiento de las elecciones seccionales de 2027 es una medida necesaria. En un país golpeado por economías criminales, impedir que recursos de origen ilícito entren a las campañas no es un trámite administrativo: es una defensa directa de la democracia. El riesgo es evidente. El dinero ilegal puede comprar influencia, condicionar candidaturas y, después, capturar gobiernos locales para proteger negocios criminales o acceder a contratos y decisiones públicas. Por eso resulta correcto revisar el origen, monto y destino de los aportes, así como analizar movimientos financieros inusuales antes, durante y después de la campaña. Pero el control solo será legítimo si se aplica con criterios técnicos, reglas uniformes y absoluta independencia. Una fiscalización selectiva, más dura con unos y tolerante con otros, destruiría la credibilidad de las instituciones y convertiría una herramienta de transparencia en un arma política. El elector tiene derecho a saber quién financia a quienes buscan gobernarlo. Seguir el rastro del dinero, con garantías y sin preferencias partidistas, protege tanto al voto como a las instituciones que nacen de él.