Una reforma-trampa de la financiación regional

El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado ya suficientes pruebas de que la falta de consenso territorial no le impide seguir adelante. Ocurrió con la quita de la deuda, nacida del acuerdo con ERC, rechazada por la mayoría de comunidades gobernadas por el PP y convertida, pese a todo, en proyecto de ley. Ha vuelto a ocurrir esta semana con la financiación autonómica: sólo Cataluña y Canarias respaldaron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera la propuesta de Hacienda. Para Moncloa, el desacuerdo entre territorios no equivale necesariamente a un veto; se interpreta, en buena medida, como prolongación de la batalla partidista. Asturias aceptó finalmente la quita, aunque advirtió del riesgo moral que entrañaba, pero no está dispuesta a asumir una reforma de la financiación que considera construida a partir de las exigencias catalanas, con la ordinalidad garantizada para Cataluña, cesiones que alteran el equilibrio entre territorios y correcciones posteriores destinadas a evitar que los perjudicados protesten demasiado. Ahí aparece una de las principales paradojas del nuevo sistema. Hacienda quiere aprobar un modelo que apenas cuenta con respaldo autonómico y, al mismo tiempo, prepara fuera de él un fondo superior a los 3.000 millones para compensar desequilibrios. El resultado puede ser una España financiera todavía más compleja: no sólo régimen foral y régimen común, sino dos velocidades dentro del propio régimen común. Unas comunidades con las nuevas reglas; otras ancladas en el sistema vigente; y entre ambas, dinero adicional haciendo de argamasa. Puede que ése sea el verdadero cálculo de Moncloa. No convencer ahora a todos, sino aprobar primero y dejar después que hagan su trabajo el dinero y el tiempo. Sánchez no necesita que Asturias se adhiera hoy a una reforma concebida para satisfacer en buena medida las demandas catalanas. Le basta con que dentro de unos años resulte cada vez más incómodo explicar por qué continúa fuera mientras otras comunidades reciben más recursos bajo el nuevo esquema. El problema es que en Asturias, Galicia, Castilla y León o Cantabria la discrepancia no se limita a la cifra del primer año. Lo que se discute es la fórmula. El noroeste lleva años defendiendo que envejecimiento, dispersión, orografía y coste efectivo de los servicios deben pesar mucho más en el reparto. Los gobiernos autonómicos del noroeste desconfían incluso de las previsiones de Hacienda. Consideran que, con el paso del tiempo y más aún si el ciclo económico se debilita, algunas comunidades pueden perder posición relativa y comprobar que el atractivo cheque inicial ocultaba una calculadora menos favorable. Sin embargo, la estrategia partidista del PP impidió formalizar un frente común de las regiones menos dinámicas frente a los beneficios que la propuesta del Ministerio de Hacienda otorga al eje mediterráneo. Y ahí reside el mayor riesgo para Asturias. Sabemos cuándo entra en vigor un modelo de financiación; nunca sabemos cuándo llegará el siguiente. El actual lleva más de una década pendiente de revisión. ¿qué pasaría en el caso de que algunos territorios terminasen prefiriendo el aumento de recursos del nuevo modelo porque sus cálculos le sirven? En todo caso, aún nada está claro pese a que el Gobierno central ha expresado su voluntad de llevar al Congreso cuanto antes la reforma. Junts ya ha advertido que puede tumbarla si no avanza hacia una financiación singular para Cataluña, de modo que el modelo corre el riesgo de resultar demasiado catalán para Asturias y demasiado poco catalán para el independentismo. También habrá que mirar qué hacen los diputados socialistas de Asturias y Castilla-La Mancha cuando llegue la votación, ya que sus respectivas comunidades se han opuesto a lo que deberán votar. Pero, desengáñense, ninguno de esos "daños colaterales" impedirá a Sánchez continuar con sus planes.