Hay cosas que no admiten colores políticos. Y hay veces en las que la política, la ideología, tiene que quedarse en la puerta.
María Márquez ha vuelto a denunciar los insultos y ataques machistas que está recibiendo en redes sociales. No son críticas políticas. No son discrepancias. Son ataques personales, humillaciones y machismo. Y eso no debería formar parte nunca del debate público.
Por eso resulta especialmente significativo que Pilar Miranda, alcaldesa de Huelva y del Partido Popular, haya salido públicamente en defensa de María Márquez, dirigente del PSOE. Porque se puede discrepar profundamente de alguien y, al mismo tiempo, entender que hay límites que nadie debería cruzar.
También la delegada del Gobierno andaluz en Huelva y secretaria general del PP onubense, Berta Centeno, se ha solidarizado con Márquez.
Y quizá convenga recordar que esto no entiende de partidos. José Carlos Calvo, concejal del PP de Gibraleón y una persona especialmente activa en redes, también ha tenido que soportar en más de una ocasión un auténtico linchamiento digital en el que se ha utilizado su apariencia física y su orientación sexual como munición para atacarle. Y tampoco entonces importaba demasiado a qué partido pertenecía.
Uno puede criticar a María Márquez. Puede criticar a José Carlos Calvo. Puede cuestionar sus ideas, sus decisiones o su manera de hacer política. Para eso están precisamente la libertad de expresión y la democracia.
Pero convertir la apariencia, la orientación sexual o cualquier circunstancia personal en un arma para humillar a alguien no es libertad de expresión. Es simplemente crueldad.
Quizá una de las pocas cosas buenas que todavía podemos hacer en medio de tanta crispación es aprender a distinguir entre un adversario político y una persona a la que se pretende destruir.
Lo deseable, además, es que estos insultos no les salga gratis a sus autores y que todo el peso de la ley les caiga encima. Humillar desde la red, ya sea de forma anónima o no, debería tener consecuencias. Ya está bien.
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