Hace cinco meses, las elecciones produjeron un resultado que podía ser leído como una buena noticia: de las 37 organizaciones que participaron, solo seis lograron representación en el nuevo Congreso bicameral. Después de años de fragmentación, el dato parecía anunciar un cambio.
Seis partidos pueden perfectamente constituir un sistema. Pero el número no determina que funcione bien o mal. Es importante observar cómo interactúan, qué tan estables son, qué diferencias programáticas los distinguen, cómo compiten y cooperan y, sobre todo, qué vínculos establecen con la sociedad.
El problema de representación tampoco nació porque hubiera demasiadas organizaciones políticas. Ocurrió, en buena medida, al revés: la proliferación es consecuencia de la debilidad del sistema de partidos. Cuando las organizaciones dejan de representar identidades, intereses y posiciones relativamente estables, aparecen nuevas opciones que compiten en cada elección sin construir necesariamente una relación permanente con los ciudadanos.
Por eso, la reducción de 37 organizaciones a seis con representación parlamentaria no resuelve por sí misma el problema. El umbral de representación no puede por sí mismo producir institucionalización, así reduzca la fragmentación. De esta manera, los seis partidos que llegaron al Congreso tienen que demostrar que son capaces de actuar como organizaciones políticas y no solo como vehículos electorales. Pero eso supone construir posiciones reconocibles, formar cuadros, desarrollar organización y asumir responsabilidad por sus representantes.
La bicameralidad —pese a los problemas de diseño— ofrece una oportunidad. Senado y Cámara de Diputados pueden contribuir a una representación más ordenada y especializada. Sin embargo, no se les puede atribuir a las instituciones virtudes que no tienen. Cambiar las reglas puede modificar incentivos, pero está demostrado que no transforma automáticamente las prácticas políticas.
Cuando los partidos son débiles, los candidatos adquieren un peso desproporcionado. El voto preferencial refuerza esa lógica: el representante puede sentirse más vinculado a su electorado particular (o a sus financistas) que a la organización que lo llevó al Congreso. De esta manera, el problema de la representación no necesariamente seguirá profundizándose, pero no hay razones para pensar que terminó.
El nuevo Congreso tiene una oportunidad que los anteriores no tuvieron: reglas nuevas y una menor fragmentación. Si se limitan a administrar sus bancadas y cuotas de poder —como la noticia de que algunos diputados de Juntos Por el Perú se pasarán a otras bancadas—, el problema reaparecerá bajo otra forma. Hay que recordar que un sistema de partidos no se define por cuántos partidos tiene, sino por cómo esos partidos compiten, se diferencian, cooperan y representan.
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