Arieta: ¿un local para EGA o un servicio público para todos?

La compra por el Ayuntamiento de Estella-Lizarra de los locales de la calle Arieta abre un debate que no deberíamos esquivar: ¿qué debe hacerse con un patrimonio adquirido con dinero de todos? La respuesta, a mi juicio, es clara: Arieta debe convertirse en un equipamiento municipal para todas las personas mayores de Estella-Lizarra. EGA ha desarrollado durante años una importante labor y debe seguir teniendo su espacio y reconocimiento. Pero una cosa es colaborar con una asociación y otra muy distinta es confundir una asociación con un servicio municipal. Si el Ayuntamiento compra un inmueble con recursos públicos, debe garantizar que su destino responda al interés general y no quede vinculado indefinidamente al uso exclusivo de una entidad concreta. Por eso sería necesario crear un Servicio Municipal de Personas Mayores, con Arieta como uno de sus principales espacios de referencia. Un servicio público abierto a todos, gestionado con criterios transparentes y con participación real de las asociaciones, de EGA y de las propias personas usuarias. También debería crearse un Consejo Municipal de Personas Mayores, donde puedan estar representadas las diferentes sensibilidades y colectivos. Y debe existir un reglamento claro: quién puede utilizar las instalaciones, cómo se reservan los espacios, quién asume los gastos, cómo se financian las actividades y qué responsabilidades corresponden a cada parte. Todo ello con transparencia económica y control municipal. Además, resulta imprescindible revisar jurídicamente la situación actual de la cesión del inmueble y garantizar que sea plenamente compatible con su condición de patrimonio público. No se trata de quitar nada a EGA. Se trata de dar más a todos. Estella-Lizarra necesita una política de mayores moderna, pública, participativa y con visión de futuro. Arieta puede ser mucho más que un local: puede convertirse en la casa municipal de las personas mayores de Estella-Lizarra. La cuestión es si un patrimonio comprado con dinero público debe responder al interés de todos. El patrimonio es de todos. El servicio debe ser público. Y la participación también.