El proceso, destinado a desplegar un nuevo sistema para distribuir desayunos y meriendas a estudiantes de casi un millar de establecimientos escolares entrerrianos tiene, todavía, muchos pendientes. Demasiados. Vale seguir la conversación sobre el tema porque, mientras trabaja la justicia y se espera la presencia de funcionarios en la Cámara de Diputados, se acerca la fecha estimada por la administración provincial para empezar el reparto de alimentos a través de la logística que debe montar la empresa Teknofood.
Cada mención del tema potencia interrogantes y se conoce aquello que debía haberse hecho o dicho muchísimo antes. La tensión nace de mostrar al final lo que debió ser principio. Hay que rescatar que, por lo menos ahora, los movimientos alrededor del tema tienen otro matiz.
Se informó, apenas concluía, que volvió a reunirse la flamante mesa interinstitucional creada para la mejora del sistema de alimentación escolar. Es el segundo encuentro y la usina oficial da cuenta que se sumó a ese espacio el Consejo General de Educación (CGE). No es un dato menor.
En una nota anterior (1) consideré que la presencia de las autoridades educativas era necesaria. Ahora están y el titular (todavía en comisión) del CGE celebró que se haya sumado la mirada del sistema educativo. Nunca es tarde.
Deberían estar también los docentes. Son los actores centrales en todo el proceso. Tal vez la concurrencia, a las reuniones de la mesa, del vocal gremial del CGE sería un modo de incorporarlos. Al fin y al cabo, es la docencia la que tendrá que manipular los productos antes que lleguen a los estudiantes.
Reglamentar la mesa
La mesa interinstitucional cobra singular importancia. Se convirtió en una especie de ordenador en un proceso desprolijo. Por eso la confección de un reglamento que organice su funcionamiento, estableciendo responsabilidades de sus integrantes, ayudaría al fortalecimiento de sus expresiones o decisiones.
Cada uno de los integrantes tiene una representación, no es casual que hayan sido convocados. Ese llamado no debe -bajo ningún punto de vista- ser utilizada para subsanar yerros o ganar tiempo con segundas intenciones. Hay que alejar cualquier sospecha sobre esa posibilidad.
Mencionemos un ejemplo para profundizar. Los representantes de las universidades surgen de procesos democráticos y allí donde se expresan como tales lo hacen poniendo en juego un prestigio que excede largamente lo personal.
Comparten, en este caso de la mesa interinstitucional, con funcionarios públicos que sí tienen responsabilidades administrativas concretas y, en muchos casos, están a tiro de decreto ante un fallo o incumplimiento.
Esos orígenes distintos ameritan la generación de reglas clarísimas sobre responsabilidades y límites al momento de compartir la instancia.
Agreguemos un elemento más. Se sumó a la mesa un colegio profesional (Nutricionistas) y las determinaciones que tomen, las opiniones que ofrezcan sus integrantes seguramente deben ser transmitidas al seno de esa instancia institucional, en un sano mecanismo informativo de ida y vuelta.
No fueron convocados antes del llamado a licitación. Lo expresaron y de ese reproche se tomó nota. Ahora respondieron al llamado del Poder Ejecutivo y debe, seguramente, prevalecer la cautela en el trajín, porque todo lo que allí se defina, tendrá que reflejar la mirada de los colegiados que estuvieron bastante molestos.
No es un mero detalle la existencia o no de un reglamento que muestre cómo se funciona, que integre pautas. Por ejemplo, las actas de cada encuentro deberían hacerse públicas. Hay miles de interesados en todo lo que involucra la alimentación que se da en las escuelas.
No es casual la intervención judicial.
Además, se tomaron decisiones (en la mesa interinstitucional) que impactan sobre el organigrama estatal, modificando con ello los presupuestos aprobados oportunamente por las Cámara Legislativas.
Se dio cuenta, en la información oficial, que se va a crear una Dirección de Nutrición, que dependerá del área de comedores. Es una decisión política con consecuencias administrativas concretas que surge de ese espacio.
Habría que sumar -para el análisis- que ahora desde el CGE se debe preparar la infraestructura escolar. La guarda en condiciones adecuadas de los alimentos es determinante en función del resguardo de la salud de los alumnos.
Tendrá que modificar la normativa vigente sobre comedores escolares para que sigan coexistiendo dos sistemas destinados al mismo grupo de alumnos. Es que mientras lo nuevo va sobre desayunos y meriendas, persiste el mecanismo vigente para los almuerzos.
Con todos estos elementos sobre la mesa también hay que preguntarse, nuevamente, sobre el rol del docente. ¿El cúmulo de tareas no será remunerado? ¿El resguardo y distribución de alimentos entre el alumnado, es como en la actualidad? ¿Cómo convivirán ambos sistemas?
Que se entienda el aporte: el andamiaje jurídico es fundamental en un proceso que tiene una intervención judicial importante. El accionar de la justicia, la palabra de los jueces, del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio de la Defensa, dan contexto a muchas de las decisiones que (así lo creemos) tardíamente tomó el Poder Ejecutivo.
Todo lo que permita encauzar la situación para beneficiar a los alumnos que deben (por diversas circunstancias) hacer uso del sistema de comedores, es bienvenido. Además, es tan importante el presupuesto involucrado, que abundar en controles es ineludible.
Se desprende de lo informado que las decisiones de la mesa interinstitucional cambian los organigramas e involucran a universidades o colegios profesionales.
Diputados en espera
La dinámica es interesante y, reiteramos, dispara interrogantes todo el tiempo. Mientras se reunía por segunda vez la mesa interinstitucional desde el Ministerio Público Fiscal se respondió al requerimiento del Superior Tribunal de Justicia.
Es muy interesante la perspectiva, abordaba por Nahuel Maciel en este espacio informativo digital. Hay que leerla (2).
Volvamos a lo pendiente. Mientras se espera una decisión del Superior Tribunal de Justicia frente a un planteo de profesionales, instituciones y padres de alumnos, los Diputados entrerrianos entraron en modo espera.
No se conoce todavía fecha, hora y lugar en el que la ministra de Desarrollo de Desarrollo Humano de la provincia, Verónica Berisso y el director de comedores escolares, Lautaro Azzalini, hablen sobre el tema en la Cámara Baja.
Será la gran oportunidad para seguir profundizando sobre las decisiones que tomó el Poder Ejecutivo y, según su propia mirada, fueron mal comunicadas.
Los integrantes de la Cámara Baja se han tomado su tiempo, pero el proceso para aplicar las políticas no se detiene. Habría que acelerar los pasos para no empujar una postura saludable al terreno de las abstracciones.
Los funcionarios podrán (deben) revelar, con una línea de tiempo que inicia en la toma de la decisión, hasta la adjudicación a la empresa Teknofood, muchos aspectos que aún están en zona gris.
También podrán informar a los legisladores, que tratan los presupuestos y la ley de ministerios, los cambios funcionales surgidos de la mesa interinstitucional. O adelantarles si se analizan nuevas contrataciones.
Mientras se esperan decisiones judiciales ante el pedido de una aclaratoria, no se debe perder de vista los pendientes sobre el nuevo sistema de provisión de desayunos y meriendas que se quiere implementar en la provincia.
La protección integral de los niños, niñas y adolescentes, en especial la de aquellos en situación de carencia, da vueltas al asunto que es de altísima sensibilidad, por lo que merece la mayor atención.
Referencias
1) https://www.analisisdigital.com.ar/opinion/2026/08/27/desayunos-meriendas-y-derechos
2) https://www.analisisdigital.com.ar/judiciales/2026/09/05/comedores-el-procurador-pidio-interpretar-en-sentido-amplio-el-fallo-y-garantizar-una-alimentacion-saludable
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