Segundo Informe: lento vamos, pero ahí vamos

En lo que a seguridad se refiere, la presidenta puede decir que en los dos últimos años se ha trabajado, y mucho. Sheinbaum, junto con el secretario García Harfuch y su equipo, ha seguido la fórmula que dio buenos resultados en la capital durante el sexenio pasado. Se hace buen uso de la inteligencia, se identifican las redes criminales de mayor peligrosidad y todos los meses se da algún golpe importante. En el Segundo Informe, se presumió la cifra de 63 mil personas detenidas. Las detenciones van al alza y están afectando a los grupos criminales de mayor peligrosidad. En el monitor independiente que coordino, en los últimos dos años el promedio mensual de arrestos de alto perfil fue 30 por ciento superior al observado durante el último año de AMLO. Con Sheinbaum se acabaron los abrazos y, en cierto sentido, se ha retomado la estrategia de guerra frontal a los cárteles de la que tanto se jactaba el gobierno en tiempos de Calderón. Solo que en esta ocasión se está haciendo como se debe hacer. El gobierno no solo se ha enfocado en concretar arrestos aparatosos de grandes capos, sino que también ha buscado desmantelar la estructura de las organizaciones criminales más nocivas, como se ha visto con los numerosos operativos contra el CJNG que han seguido al abatimiento de El Mencho. Me queda claro que el secretario García Harfuch y su equipo han trabajado con empeño en el gobierno federal, como lo hicieron en su momento desde la policía capitalina. Sin embargo, aunque se realiza el mismo esfuerzo, se logra la mitad de los resultados. Aunque los homicidios han disminuido, no se han reducido a la mitad, como subrayó la presidenta en su informe. Tampoco se ha registrado una mejora notable en la percepción de seguridad de la población, como sí ocurrió en la CDMX cuando Sheinbaum fue jefa de Gobierno. A pesar de los constantes operativos, que han incluido numerosas capturas de extorsionadores y el desmantelamiento de campos de reclutamiento criminal, la opinión predominante es que el cobro de cuota y las desapariciones continúan desbordadas. Son varios los factores que explican que en el ámbito federal el ritmo del avance sea más lento de lo que fue posible en la capital, pero hay dos que me parecen cruciales. El primero tiene que ver con el descuido de las fiscalías y del sistema de justicia. Sheinbaum, al igual que todos los presidentes en la historia reciente del país, ha optado por mantener el modelo de fiscalías débiles, pero bien alineadas con los intereses políticos del Ejecutivo. Ya ni hablar del desorden que ha significado la reforma al Poder Judicial. Efectivamente, a partir de octubre de 2024, el gabinete de seguridad ha dado golpes inéditos. Se ha metido a mucha gente a la cárcel. Sin embargo, las fiscalías y el Poder Judicial simplemente no han estado a la altura. El propio anexo estadístico del Informe, en el cuadro titulado 'Población interna de personas sentenciadas y procesadas de los fueros federal y común', da cuenta de la magnitud del fracaso: a junio de 2026, la población penal del país era de más de 270 mil personas, un salto considerable respecto de las 235 mil que había en 2024. Sin embargo, en este mismo periodo el porcentaje de internos sin sentencia escaló de 36.8 por ciento a 43 por ciento. El número de personas en penales mexicanos esperando sentencia se encuentra en su nivel más alto de la última década. Sospecho que la ineficacia del sistema judicial también ha ido en detrimento de la calidad de los procesos, con el trágico resultado de que las personas inocentes y con menos recursos son las que tienden a quedarse en prisión. El segundo factor que explica la lentitud del progreso es el político. En la CDMX, la Unión Tepito y otros grupos tenían arreglos con algunos elementos policiales y funcionarios de rango medio. Sin embargo, nunca fueron actores políticos de peso. En contraste, los grandes cárteles, lo mismo que las mafias locales de algunos estados, han logrado construir a lo largo de los años una vasta red de complicidades en posiciones de primer nivel. Es difícil demostrar que cada uno de los rumores que apuntan a gobernadores, alcaldes, altos funcionarios y jueces tenga sustento. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, cuando el río suena es porque agua lleva. Al respecto, concluyo con una nota optimista. La presidenta no ha querido actuar con la determinación debida contra las autoridades en funciones ligadas a los cárteles. Sin embargo, el affaire Rocha Moya fue tal vez una bendición para la patria. El timing del escándalo orilló a Sheinbaum y a la dirigencia de Morena a tomar nota. Al parecer, al menos en el caso de las personas que aspiran a competir por las 17 gubernaturas en disputa en 2027, se está investigando a fondo para evitar que nuevamente se cuelen a las boletas personajes cercanos al mundo criminal. Si de verdad se logra blindar la elección del próximo año de la influencia del crimen organizado (lo que también implica cuidar que los ataques y asesinatos de los últimos procesos no se repitan) me parece que, para el cuarto o el quinto informe, la presidenta podrá presumir resultados mucho más contundentes.