Lo ocurrido el pasado 30 de julio en Ceuta, ha sido el colofón de una serie de errores históricos, producto de malas decisiones del gobierno español y de la Unión Europea que disfrazan una combinación de necesidades demográficas e intereses económicos.
Recordemos que España, ha fomentado la llegada a su territorio de cientos de miles de inmigrantes musulmanes para que su sistema no colapse, ya que su índice demográfico es negativo, considerando que la tasa de natalidad es de 1,1 hijos por mujer, una de las más bajas del mundo, es una de sus principales debilidades como nación. No hay incentivos para la reproducción, y si a eso le añadimos la influencia de la 'cultura woke' cuyo pernicioso impacto hace que existan más clínicas de cambio de sexo y aborto que de maternidad, el círculo está cerrado.
Sin inmigración, el sistema de pensiones se quiebra y, por supuesto, se dejan de hacer los trabajos que los mismos españoles no quieren realizar. Pese a todo, España no puede recibir migrantes ilimitadamente y, además, tiene parámetros impuestos por la Unión Europea que ponen coto a ese flujo migratorio, porque, en muchos casos, España es solo la 'puerta de entrada'.
Por su parte, Marruecos controla la migración desde su territorio, no solo de los propios marroquíes, sino de personas de gran parte de África. Cada vez que Rabat quiere presionar a Madrid, o siente que alguna acción del gobierno español afecta sus intereses, le basta con relajar el control fronterizo en Ceuta y Melilla, como ocurrió en mayo de 2021, o hace pocas semanas. La inmigración utilizada como un arma de presión política.
Pero en el trasfondo existe un gran negocio. Marruecos ha recibido de la Unión Europea más 400 millones de euros en los últimos tres años para la contención migratoria, de los cuales gran parte se ha volatilizado en la corrupción del régimen. Del mismo modo, el gobierno español, ha recibido miles de millones de euros para gestionar la llegada de inmigrantes, lo que ha generado una compleja red de ONG´s, bufetes de abogados y consultoras que viven de la inmigración. Esto constituye un negocio redondo para esas redes y también para la banca y los fondos de inversión, que lucran con el envío de remesas; solo en 2025, los inmigrantes en España enviaron más de 10,000 millones de euros a sus países de origen, y las comisiones por esas transferencias son fuente de ganancias para entidades como Santander o Western Union.
En consecuencia, gana el gobierno español, que maquilla las cifras del PBI y mantiene a flote las pensiones a costa de mano de obra barata. Igualmente, se benefician los empresarios, que disponen de una fuerza laboral dispuesta a trabajar por sueldos muy bajos. También gana el gobierno marroquí, que alivia su presión social interna exportando a sus jóvenes desempleados, recibe una inyección de divisas en forma de remesas que supera los 5,000 millones de euros anuales y, además, recibe mucho dinero de la Unión Europea para 'controlar la migración'.
Todo lo explicado anteriormente, representa un equilibrio aparente y una solución efímera. No obstante, es una trampa que aplica lo mismo para España que para el resto de países que han abierto sus puertas a las olas migratorias, la cual no es otra que el choque cultural. Los inmigrantes musulmanes tienen ciertas particularidades que no son compatibles, o al menos, adaptables al sistema occidental. No estamos hablando de latinoamericanos que, en términos generales, tienen similares valores y se adaptan al país de acogida. Estamos hablando de preceptos religiosos y morales muy distintos, de costumbres no negociables que tratan de imponer allá donde se dirijan; si a esto sumamos que cada mujer musulmana tiene, en promedio, 4.3 hijos, ya sabemos lo que ocurrirá en algunos años.
Para concluir, no puede dejar de mencionarse la ineptitud e incompetencia del gobierno español para manejar de manera más ventajosa sus relaciones con Marruecos y diseñar soluciones sostenibles en el tiempo que no afecten su identidad y sus valores occidentales. Asimismo, su postura de enfrentamiento con EEUU e Israel le está pasando factura ya que estos dos últimos han reconocido la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental y sugieren que Ceuta y Melilla también deben ser marroquíes.
Por José Krebs Millares
*Capitán de Navío (r) AP / Director Ejecutivo del Centro de Estudios Geopolíticos y de Seguridad Nacional (CEGESEN)
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