A pocas semanas de las elecciones municipales y regionales, parece haber más noticias sobre las decisiones que toma —o no— el JNE respecto de las candidaturas que noticias sobre los candidatos o sus propuestas: programas dedicados a analizar, junto con especialistas electorales, las probabilidades de que una u otra candidatura permanezca en carrera o sea declarada improcedente.
En los últimos días hemos visto candidaturas excluidas y luego restituidas, cuestionamientos que aparecen cuando la campaña ya está en marcha y decisiones que pueden variar según la instancia que las revise. Rafael López Aliaga es quizá el caso más visible, pero no el único. Eduardo Bless y Richard Baca han enfrentado controversias alrededor de la llamada 'reelección encubierta', mientras otros candidatos han visto sus postulaciones cuestionadas por requisitos o documentos presentados durante el proceso de inscripción.
Los controles electorales no son un problema, en absoluto. Estamos de acuerdo con impedir que quien no cumple las reglas participe. Pero hablamos de un problema de momentos. Esas reglas deberían ofrecer un grado razonable de certeza antes de que la campaña avance y el elector empiece a tomar una decisión.
Y no me malinterpreten: no estamos eximiendo a los candidatos de la responsabilidad moral de actuar de forma honesta, independientemente de que existan vacíos o límites legales que puedan permitirles aprovechar zonas grises para alcanzar sus objetivos electorales. Todo eso también es cuestionable. Pero, en esencia, estamos frente a un problema del sistema que permite este tipo de navegaciones o malabares.
El JNE tiene una tarea que va más allá de resolver expedientes: tiene la responsabilidad de contribuir a que las reglas del juego sean claras y previsibles, por el bien de los ciudadanos y, por qué no, también por el bien de los candidatos que ponen sus aspiraciones en manos de un colegiado.
De lo contrario, seguiremos teniendo una ciudadanía de espaldas a acontecimientos que atentan incluso contra su propio bienestar y futuro, como lo son las elecciones. Esa impredecibilidad no solo afecta al bolsillo o al equipo del candidato en cuestión, sino también la forma en que los ciudadanos perciben el propio proceso electoral.
El voto es la máxima manifestación de la voluntad popular y, precisamente por eso, no debe estar precedido por la incertidumbre de un sistema en el que terminamos diciendo que un candidato 'se salvó'. Las candidaturas no deberían 'salvarse'. Deberían, simplemente, cumplir las reglas.
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