¿Es delito intimidar a un Parlamento?

Un largo periplo judicial ha recorrido el caso de los condenados por el Tribunal Supremo como consecuencia de los hechos acaecidos en junio de 2011, cuando una turba trató de impedir la llegada de los diputados al Parlament el día en el que se aprobaban los presupuestos. La Audiencia Nacional consideró antes que no había delito pues los acusados estaban ejerciendo la libertad de reunión, mientras que el Constitucional negó después el amparo a los condenados, que acudieron finalmente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Entre medias se suspendió la ejecución de las penas de prisión porque se solicitó al Gobierno un indulto, pero como el expediente nunca se resolvió, en 2022 la Audiencia las consideró extinguidas por prescripción. El TEDH, que ha condenado a España, no ha puesto en cuestión el tipo penal que protege la inviolabilidad de los parlamentos. Tampoco ha señalado que la injerencia en los derechos de los condenados fuera sobre el papel arbitraria: la participación de los ciudadanos a través de sus representantes debe ser garantizada. Mucho menos, como se dice, que derribe, con la esperanza puesta en los recursos que quedan del procés, la doctrina sobre la «intimidación ambiental de Marchena»: la sentencia deja claro que ese contexto puede producirse y en el caso analizado tuvo cierto éxito a tenor de las declaraciones de los diputados y hechos probados en sede judicial. Lo que la sentencia establece es que las penas fueron desproporcionadas porque los actos concretos de los condenados no fueron lo suficientemente relevantes para considerarse delito. Los tumultos en la Ciudadela tuvieron importantes derivaciones. Artur Mas, que tuvo que llegar en helicóptero al Parlamento e hizo personarse a la Generalitat en el proceso penal, prefirió convertirse enseguida en héroe independentista en vez de en un villano de la austeridad. Los marchosos indignados convocaron después hasta tres manifestaciones para rodear el Congreso, la última para impedir que Rajoy fuera investido. ¿Qué es una sociedad democrática? Una en la que se garantiza un equilibrio entre la defensa de las instituciones y el ejercicio, incluso molesto, de los derechos de los ciudadanos. La ponderación no siempre se logra y el TEDH está para corregirnos.