ESPACIO DE DIÁLOGO: Patrimonio cultural: protección o control: ¿Quién decide sobre aquello que los pueblos consideran propio?

La consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas sobre la iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas Y Afromexicanos continúa. En las asambleas regionales realizadas en distintas partes del país han surgido, junto con el reconocimiento de algunos avances, cuestionamientos sobre la forma en que la iniciativa plantea el ejercicio de los derechos y, particularmente, sobre los procedimientos administrativos y la intervención de instituciones del Estado. Por ello, resulta indispensable escuchar lo que los propios pueblos están expresando y revisar, a partir de sus voces, uno de los temas que han generado preocupación: la manera en que la iniciativa aborda su patrimonio cultural. En el Foro sobre patrimonio cultural organizado por el Instituto de Geografía-UNAM, Carla Hernández Cortés expuso el problema en términos concretos. Habló de la Turistificación de las expresiones culturales y de la necesidad de definir quién autoriza su uso turístico y quien recibe los beneficios. Pero cuestionó también que una comunidad que se supone autónoma tenga que depender de permisos y decisiones gubernamentales para participar, opinar y decidir sobre su propio patrimonio. 'La autonomía deja de ser un derecho y se convierte en permiso', afirmó. La experiencia de Miguel Ángel Santiago García portador y practicante de la ceremonia ritual de voladores desde niño introduce otra dimensión. Aprendió la tradición de su abuelo materno y otros miembros de su familia. Explicó que una práctica heredada puede convertirse en fuente de ingreso: un grupo acepta una presentación o permite que se tome una fotografía por un pago inmediato, sin conocer necesariamente el uso posterior de esa imagen. El riesgo es que lo que para el portador representa un trabajo, termine siendo para terceros una forma de apropiación y explotación del patrimonio. Guillermo Bonfil Batalla parte de una idea sencilla: todos los pueblos tienen cultura y esta no es estática, sino que se transforma constantemente. A lo largo de su historia, cada sociedad va acumulando un acervo de elementos culturales, materiales e inmateriales, que hace suyos y que utiliza para reproducir su vida, enfrentar sus problemas, formular proyectos y expresarse. Este acervo constituye su patrimonio cultural. Por eso, el patrimonio no se limita a monumentos, objetos o expresiones que pueden ser identificados desde fuera; comprende también, conocimientos, costumbres, formas de organización, sistemas de significados, y maneras de entender y hacer las cosas. Y su valor patrimonial depende, en primer lugar, del significado que esos elementos tienen para la propia cultura que los genera y de su importancia para su memoria y continuidad. Si el patrimonio cultural se construye a partir de aquello que una sociedad reconoce como propio y que considera significativo para su vida colectiva, su valor no puede establecerse al margen de la cultura que lo ha creado y lo mantiene vivo. Bonfil advierte que la cultura occidental ha pretendido establecer sus propios valores como universales y, desde ellos, determinar qué bienes culturales de otras culturas deben ser reconocidos como patrimonio y qué significado tienen. En ese proceso, elementos culturales pueden ser separados de los pueblos que los mantienen vivos y reinterpretados desde una mirada ajena. Por eso, hablar del patrimonio cultural no es solamente hablar de conservación: implica preguntarnos quién define que es patrimonio, desde qué criterios y, sobre todo, quién tiene el derecho de decidir sobre él. La pérdida del control comunitario no sólo modifica la manera de valorar una expresión cultural; puede modificar la propia expresión. En el foro citado se resumió este riesgo con una imagen contundente: cuando las comunidades portadoras pierden el control, sus expresiones pueden convertirse en 'un recipiente vacío, en un contenedor, espectacular, bonito, exótico, llamativo, turístico tal vez, pero sin referencia y sin alma'. La pregunta que plantea esta imagen resulta fundamental: ¿puede protegerse el patrimonio si se protege su forma, pero se debilita la capacidad de los pueblos para decidir sobre el significado, el uso y la transmisión de aquello que consideran propio? Es precisamente en este punto donde resulta necesario mirar qué propone la iniciativa. El patrimonio cultural ocupa un lugar específico en su estructura: el Capítulo VI, artículos 148 al 163, establece derechos y medidas para su protección. El artículo 148, reconoce el derecho de los pueblos y comunidades a usar, disfrutar, poseer y disponer de su patrimonio cultural, mientras que el artículo 151 reconoce que, a través de sus órganos de gobierno, pueden identificar y definir sus elementos y crear sus propios registros, inventarios o catálogos. En principio, la iniciativa coloca así en manos de los pueblos una parte fundamental de la decisión sobre aquello que consideran propio. Pero cuando ese patrimonio es utilizado por terceros con fines comerciales, la arquitectura cambia. Intervienen la Secretaría de Cultura y el INPI: se reciben las solicitudes, se determina la titularidad y el consentimiento debe otorgarse por las autoridades o instituciones representativas identificadas por el INPI. El Estado participa también en la negociación y determinación de las contraprestaciones económicas. El derecho de los pueblos a decidir queda atravesado así por un procedimiento institucional, que determina quien es reconocido como representante, como se acredita la titularidad y bajo qué condiciones puede autorizarse la utilización del patrimonio. Además, el artículo 159 establece excepciones al consentimiento en determinados casos relacionados con la libertad de expresión y la libertad creativa, como obras artísticas, literarias, cinematográficas o audiovisuales, usos informativos, de investigación o crítica, y fotografías u otros registros de elementos visibles en lugares públicos. La pregunta es entonces hasta dónde llega el derecho de los pueblos a decidir sobre aquello que la propia ley reconoce como suyo. El cambio puede ser todavía más profundo. Una expresión cultural se produce dentro de relaciones sociales, prácticas, rituales y formas de convivencia que le dan sentido. La ceremonia de los voladores, por ejemplo, no puede reducirse a una danza o un espectáculo: forma parte de una tradición heredada y de una relación cultural más amplia. Cuando comienza a presentarse en escenarios turísticos, festivales o espacios comerciales a cambio de una remuneración, pueden cambiar también las relaciones que se establecen alrededor de ella dentro de la propia comunidad: quiénes participan, cómo se organizan, qué lugar ocupan los portadores, qué se transmite a las nuevas generaciones y qué criterios empiezan a definir el valor de la práctica. No se trata de idealizar el pasado ni de suponer que las culturas permanecen inmóviles. Bonfil Batalla insiste en que toda cultura es dinámica y que los pueblos incorporan, transforman y sustituyen elementos de su patrimonio. El problema es otro: qué ocurre cuando la transformación NO surge principalmente de las necesidades y decisiones de la comunidad, sino de una relación desigual en la que el mercado comienza a determinar qué expresiones tienen valor y de qué manera deben presentarse. La pobreza y la desigualdad que afectan a muchas comunidades indígenas, forman parte de las condiciones que hacen atractiva -y en ocasiones necesaria- la posibilidad de obtener ingresos mediante sus conocimientos, sus artes o sus expresiones culturales. No sería justo colocar sobre los propios portadores la responsabilidad por esa transformación. Pero precisamente por eso la discusión sobre patrimonio no puede reducirse a proteger objetos, registrar expresiones o garantizar una contraprestación económica. También tendría que preguntarse qué condiciones permiten que una cultura siga reproduciéndose como cultura. Y ese quizá sea el punto más profundo del debate. Lo que está en juego no es solamente la protección de determinados bienes culturales, sino la posibilidad de qué continúen existiendo formas de vida y de entender el mundo diferentes de la cultura hegemónica. Si las expresiones de los pueblos pueden ser separadas de sus contextos, convertidas en productos y reorganizadas de acuerdo con las necesidades del mercado, la consecuencia final podría no ser únicamente la apropiación de un patrimonio, sino el debilitamiento de la cultura que lo produjo. *Académica y expresidenta del IMPEPAC (2014-2020) Imagen cortesía de la autora