Los ceutíes tienen motivos para sentirse abandonados. No porque España haya capitulado en el Magreb, sino porque quien debía encarnar la majestad del Estado prefirió gobernar la crisis por delegación, preservando con un celo casi piadoso la relación con Rabat mientras la frontera se deshacía. Pedro Sánchez convirtió el repliegue en una doctrina. La gravedad del envite exigía temple y obtuvo cautelas, no que Mohamed VI saliera indemne de cada comparecencia mientras Ceuta encajaba la embestida de una agresión que la Moncloa se obstinaba en edulcorar.
La paradoja estriba en que semejante deserción ha terminado acreditando la vigencia de aquello mismo que el presidente parecía haber puesto en almoneda. Ni el Estado se confunde con el Gobierno, ni el Gobierno ha logrado subsumirse en la voluntad de Sánchez. La peripecia ceutí ha revelado una resistencia institucional que acaso permanecía aletargada tras años de ocupación partidista de la esfera pública. El Ejecutivo ha podido minar los contrapesos, atosigarlos o erosionarlos, pero no ha conseguido abolirlos. Ceuta ha operado como un test de inmunidad.
El sanchismo había instaurado la superstición de que cualquier organismo desacorde con el libreto monclovense incurría en delito de insubordinación. Los jueces conspiraban si instruían; la prensa intoxicaba si informaba; los órganos de control se volvían sospechosos en cuanto rehusaban expedir la conclusión requerida. La anomalía consistía, finalmente, en que la normalidad constitucional empezaba a parecer una excentricidad.
La crisis ha invertido la lógica. Los atestados policiales no cobran valor solo por lo que certifican sobre la conducta alauita, sino porque rescatan los hechos de la metafísica de la propaganda. El presidente puede adjetivar una intervención o elegir verbos sedantes, pero la realidad consignada en una diligencia posee la desagradable costumbre de sustraerse a las rectificaciones del boletín oficial.
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Grande-Marlaska habita hoy en el centro de esa contradicción. El antiguo magistrado lleva demasiado tiempo ejerciendo de ministro como si la separación de poderes fuera un reproche personal. Su desazón ante las pesquisas de la jueza Tardón trascendió el incidente para convertirse en categoría. Isabel Perelló, la presidenta del Supremo, hubo de recordarle que la independencia judicial no es un privilegio que el Ejecutivo concede por cortesía, sino una distancia que se custodia. Y las distancias importan porque Sánchez ha hecho de su cancelación una forma de arte.
La pretensión de instrumentar al CNI como escudo exculpatorio pertenece a idéntica patología. La inteligencia estatal no existe para expedir bulas presidenciales ni para acomodar la realidad a la aritmética parlamentaria. Su activo es la credibilidad. Comprometerla para aliviar un apuro táctico equivale a liquidar el crédito del Estado para pagar el alquiler de una coartada.
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Resulta revelador que el presidente haya debido buscar refugio en aquello que su propia praxis ha erosionado. La maniobra alcanzó a la Corona. Al insinuar que Felipe VI había permanecido ajeno a Ceuta, Sánchez pretendía colectivizar la omisión. Sin embargo, el dardo traía de vuelta su propio reproche: la agenda del Rey no responde a la arbitrariedad de un impulso privado. Y al censurar su ausencia, el Moncloa señalaba, involuntariamente, a quien la había aconsejado. Se mostraba severo con el Rey de España y extraordinariamente magnánimo con el de Marruecos. La asimetría retrata mejor que cualquier discurso la escala de sus flaquezas.
El Ejército, entretanto, permaneció en Ceuta sin incurrir en la retórica. Su sola presencia desmentía la trivialización de la crisis: si se despliegan batallones para amparar una ciudad, difícilmente cabe sostener que asistimos a un episodio migratorio de carácter espontáneo. La institución armada cumplió su cometido y, al hacerlo, dejó al desnudo la vacuidad del discurso oficial.
No asistimos a una insurrección de los contrapoderes. Convertir la firmeza institucional en un alzamiento moral contra el Gobierno sería una perversión democrática. Ocurre algo más elemental y, por ende, más devastador. Que las instituciones han vuelto a comportarse como lo que son. La prensa averigua, los jueces instruyen, los funcionarios atestiguan y la Corona preserva su neutralidad. No forman un frente; precisamente por eso resultan invencibles.
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El sistema está aislando el cuerpo extraño por pura inercia biológica.
He ahí la lección de Ceuta. Sánchez había logrado identificar su supervivencia con la estabilidad de la nación, vendiéndose como el único garante del orden que él mismo degradaba. La realidad ha demostrado lo contrario. España puede sobrellevar la desidia de su presidente sin despeñarse por ella. Puede encajar el silencio o la ambigüedad de la Moncloa y conservar, intactos, los resortes para restablecer la verdad.
Los ceutíes se supieron abandonados por el Gobierno en el momento de mayor zozobra. Su consuelo radica en haber comprobado, inmediatamente después, que el Estado seguía en su sitio. Y que ha empezado a defenderse de quien pretendía encarnarlo.
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