No son solo evidencias, se trata de una vida

La realidad que enfrentan hoy numerosas familias ecuatorianas contradice abiertamente el orden constitucional vigente. La Constitución de la República consagra la vida humana como un bien inviolable, indisolublemente ligado al derecho a la integridad personal y a una existencia libre de violencia. Sin embargo, esa garantía se desdibuja cuando el hallazgo de restos humanos se convierte en hecho cotidiano. El dolor de quienes pierden a un hijo, una hija o un ser querido en circunstancias violentas no concluye con la muerte; ahí apenas comienza. Le sigue la incertidumbre de la identificación, la lentitud de los trámites investigativos y la espera —semanas, a veces meses— por una respuesta estatal que permita recuperar los restos en su integridad y proceder, conforme a sus costumbres, a velarlos y darles sepultura digna. Cabe entonces preguntarse dónde queda la dignidad humana en este proceso. Un resto humano no puede reducirse a una pieza probatoria dentro de una causa penal, ni a un dato más en las estadísticas de criminalidad. Cada hallazgo corresponde a una identidad, a una historia, a una familia que aguarda. La responsabilidad estatal frente a la muerte violenta no se agota en la identificación del cadáver, en el trámite administrativo de entrega o en el inicio de la investigación penal. Subsiste una obligación ineludible: garantizar a los deudos el ejercicio pleno de su derecho al duelo, sin que ello implique reclamar un cuerpo como si se tratara de un objeto extraviado. En un Estado constitucional de derechos, ninguna familia debería verse despojada de su derecho a despedirse conforme a sus convicciones. No podemos naturalizar el hallazgo de restos humanos sin reconocer, detrás de cada uno, una vida, un nombre y una dignidad que el Estado está llamado a proteger, incluso después de la muerte.