Unidad ante el despojo y racismo en Honduras

Hace cinco años, en 2021, tuvimos el privilegio de recibir en Washington, DC, a representantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) para recibir del Institute for Policy Studies (IPS) el Premio Internacional de Derechos Humanos Letelier-Moffitt. Fueron más de un centenar de personas de la diáspora garífuna en Estados Unidos que vinieron de ciudades como Nueva York y Houston al Sheridan Circle, la glorieta en el centro de Washington, DC, en la que una bomba colocada en su auto, por agentes de Pinochet, terminó con las vidas de Orlando Letelier y Ronni Moffitt en 1976. Todos los años, IPS organiza un ritual en esa glorieta al que acuden fielmente decenas de personas de la comunidad de derechos humanos de esta capital que han trabajado durante años en solidaridad con América Latina y el Caribe. Personalidades como Michelle Bachelet y, más recientemente, Gabriel Boric, todavía como presidente, han asistido. Sin embargo, creo que nunca se dio un ritual como el que la comunidad garífuna organizó para celebrar que Ofraneh haya recibido el premio. El lugar se llenó de música y cantos para demostrar unidad ante sus ancestros; color y mucha mística que no dejó de vibrar todo un día en octubre de aquel año. Hoy en día, la ultraderecha que vuelve al poder en Honduras, con el apoyo conspiratorio del gobierno de Trump, incita a escalar la violencia en contra de las comunidades garífunas y a promover el despojo de sus tierras ancestrales en favor de proyectos extractivistas y proyectos turísticos trasnacionales. Como reporta la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras https://imdefensoras.org/), la cual también ganó el premio Letelier-Moffitt en 2012, la renovada violencia en contra del pueblo garífuna, incluyendo la detención forzada de cinco jóvenes defensores garífunas desde 2020, se da bajo el cobijo de la entrada en vigor de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agroindustriales de Honduras (Ley 107, https://tinyurl.com/4bdwhauz). Bajo esa ley ya se había dado un primer desalojo, el pasado 28 de junio, de personas campesinas en el departamento de Choluteca (https://tinyurl.com/ypxz7ztf). Estos desalojos se dan en un contexto de aumento de la violencia y la represión contra quienes defienden sus territorios, como el lamentable asesinato de al menos 19 personas campesinas en el Bajo Aguán en mayo de 2026 (https://tinyurl.com/mrxf48aj). Sobre estos hechos, el 17 de julio pasado, el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU emitió el comunicado 'Honduras: la masacre de personas campesinas no debe quedar impune'. Morris Tidball-Binz, el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, estableció que el gobierno de Honduras tiene la obligación de llevar a los responsables ante la justicia, proporcionar reparaciones a las víctimas y garantizar la no repetición de ataques contra las comunidades campesinas (https:// tinyurl.com/4dn45p9e). El 10 de agosto pasado, reporta IM-Defensoras, Ofraneh instaló un Campamento por la Vida de los Pueblos Garífuna, sumándose al ya instalado Campamento Feminista Viva Berta, frente a la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa. Como dice Bertha Zúñiga, hija de la luchadora social Berta Cáceres asesinada en 2016, 'el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) se solidariza con la lucha de los garífunas ante el ataque mediático y de periodistas que desconocen y demuestran su ignorancia sobre pueblos originarios y que expresan un profundo racismo'. Dice Bertha que '¡Sí podemos enfrentar los poderes fácticos que atacan a los pueblos indígenas, campesinos, garífunas! Sin embargo, los grandes empresarios que hacen grandes actos de corrupción y que saquean los bienes comunes, que forman parte de la oligarquía de este país, siguen siendo intocables' (ver entrevista https://www. facebook.com/reel/1082191494158441). Desde su instalación, el campamento ha sido objeto de actos de acoso policial y amenazas de desalojo. Hay que señalar también, dicen IM-Defensoras, que las sentencias de la CIDH son firmes y que el Estado tiene la obligación de cumplirlas. (Ver 'Honduras debe poner fin de inmediato a los desalojos masivos de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes: expertos de la ONU', en https://tinyurl.com/4fvpc2ju ). La Red Nacional de Defensoras de los Derechos Humanos de Honduras e IM-Defensoras seguirán apoyando a la Ofraneh y sus justas reivindicaciones, 'reafirmando nuestro llamamiento a la solidaridad internacional con los pueblos garífunas'. Parte de este esfuerzo es la carta abierta, firmada por más de 120 organizaciones internacionales y hondureñas, y enviada el 10 de agosto a Wagner Vallecillo Paredes, presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Poder Judicial de Honduras, en apoyo a las reivindicaciones de la Ofraneh. Según los expertos de la ONU, el Decreto 107 dictado para desalojar a pueblos de sus tierras es 'una ley redactada sin haber realizado una sola consulta a las comunidades que se verán desplazadas, no puede servir de base para desalojar a miles de familias (…) Estos desalojos son fáciles de ejecutar, pero casi imposibles de revertir'. Y a dos años del asesinato de Juan López, defensor de los bienes comunes del municipio de Tocoa, incluyendo el Río Guapinol, en el Bajo Aguán, no cesa la exigencia de justicia para él y para el pueblo guapinol que ha perdido a varios miembros bajo la violencia despojadora y asesina (https:// tinyurl.com/2vbw8653) y de que se lleve a la justicia a las personas ya identificadas como asesinas. De las idílicas costas del Caribe al Bajo Aguán y hasta Choluteca, los pueblos de Honduras se estremecen, pero se unen para defender la vida frente a proyectos usureros transnacionales. Es una lucha ejemplar y que no nos debe ser ajena. *Institute for Policy Studies (www.ips-dc.org)