En la alta política española, que cada vez cae más menguada y rala, la casualidad es solo una mentira mal ensayada. Que Moncloa haya acelerado la tramitación del nuevo modelo de financiación autonómica justo cuando el barrizal de la gestión en Ceuta comenzaba a asfixiar a un Gobierno en enaguas no parece un despiste del calendario sino un común ejercicio de pirotecnia. La pregunta no es si el Ejecutivo busca apagar el incendio del Norte de África con una manguera de billetes para Cataluña, sino cuánto nos cuesta la broma al resto. No nos engañemos pensando en una simple maniobra de distracción. Considerar esa decisión una humilde cortina de humo seria pecar de ingenuos. Es, por encima de todo, el vencimiento de una hipoteca. El cobrador del frac independentista lleva meses llamando a la puerta con el contrato de investidura en la mano, y las deudas con el nacionalismo catalán no admiten prórrogas, por mucho que el mapa autonómico estalle en protestas. El lío ceutí no provocó la propuesta; solo adelantó la entrega de llaves para cambiar el titular de las portadas. El resultado es un encaje de bolillos contable donde la cohesión territorial se sacrifica en el altar de la supervivencia semanal del inquilino de Moncloa. Al Gobierno le venía de perlas que el choque frontal con la mayoría de las comunidades tapara el desgaste fronterizo, pero el tiro le sale por la culata: cambia un escándalo de incompetencia por una rebelión territorial. En este tablero de tahúres, el pagador siempre es el mismo y la factura, como de costumbre, nunca vence a favor de la igualdad.
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