El miércoles se cumplió un año desde que Donald Trump comenzó a bombardear embarcaciones sospechosas de traficar drogas en el mar Caribe y el océano Pacífico; un sombrío aniversario que desató una nueva ola de críticas por parte de defensores de los derechos humanos en Estados Unidos y el extranjero.
'Desde hace un año, la administración Trump lleva a cabo una aterradora campaña de asesinatos en alta mar al margen de la ley y aún no ha ofrecido al público nada más que justificaciones endebles', declaró Jeff Stein, abogado del Proyecto de Seguridad Nacional de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés).
La ACLU y el Centro de Derechos Constitucionales (CCR, por sus siglas en inglés) han presentado una demanda debido a la negativa de la administración a cumplir con una solicitud, amparada en la Ley de Libertad de Información (FOIA), para obtener un dictamen jurídico elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica (OLC) del Departamento de Justicia que pretendía justificar dichos ataques.
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