Los aeropuertos canarios de nuevo en venta

Si se entiende la información difundida en los medios regionales los últimos días de agosto, la ingenuidad del Ejecutivo canario no tiene límites, como tampoco la tendría, el descaro del Ministerio que trata los asuntos de la movilidad aérea en España. Es difícil de entender en cualquier caso que, después del golpe de dignidad dado por el Presidente canario en el tema de la gestión de aeropuertos y que, públicamente, asumieron algunos responsables del transporte aéreo de Canarias, todavía quede alguien en su equipo que entienda conveniente añadir aportaciones a la aplicación del artículo 161 del Estatuto Autónomo de Canarias (EAC) o en la propuesta ministerial de crear un Órgano Bilateral Aeroportuario. El artículo citado del EAC que ya existía en el anterior Estatuto es rotundamente claro 'los aeropuertos canarios de interés general serán gestionados por Canarias desde el momento que dejen de hacerlo por el Estado'. No hay nada que añadir sino establecer las cuestiones administrativas del traspaso de competencias. Tampoco hay nada que negociar para 'cogestionar' utilizando órganos que esconden el único objetivo que les importan de no ceder nada que pudiera reducir sus beneficios netos. El Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) es un ejemplo claro de lo anterior, cuando deja para el futuro la realización de inversiones inverosímiles de crecimiento operacional como en Tenerife Norte o en Lanzarote o cuando intenta explicar el último incremento de las tasas aeroportuarias. Es fácil imaginar que al Ministerio le cueste hablar de la realidad objetiva que representan 54 millones de pasajeros al año en los aeropuertos canarios, algo así, como 550 millones de euros anuales de beneficio neto. Y es fácil también entender, por muy buena voluntad que ponga el interlocutor ministerial, que es, esencialmente improbable, que abandone a Aena SME SA para que haga frente al accionariado privado que, por otra parte, difícilmente entenderían una reducción de beneficios derivada del EAC. Pero si tanta es la devoción de la Autoridad Aeronáutica por la gestión centralizada de los aeropuertos españoles, ¿por qué no formaliza la transmisión del 26% de las acciones de Aena SME SA a la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias y mantiene la explotación y operación de los cuarenta y tantos aeropuertos de la red nacional? De esta manera, el Estado conserva el monopolio de la red y Canarias garantiza la toma de decisiones con trascendencia en la Comunidad, mientras asegura el porcentaje de ingresos netos que objetivamente le correspondan por su volumen de movimientos. En España hay suficientes precedentes sobre creación de entidades estatales fuera de Madrid, algunas de las cuales, menoscabaron los intereses geoestratégicosen e históricos de las islas como cuando, por ejemplo, se rechazó su candidatura para ser sede de la Agencia Espacial Española. También, es una forma práctica y efectiva de reconocer las singularidades de nuestra comunidad en la materia, como territorio alejado, fragmentado y también vulnerable frente a la belicosidad económica de algunas regiones continentales vecinas. Las comparaciones que aparecen en la información no son tampoco muy afortunadas. No lo es con Cataluña porque la fortaleza de su Órgano intermedio se mide por su fortaleza política, la cual, no es comparable con la de otras comunidades del Estado como Canarias. Y menos aún con el País Vasco con la que ni siquiera comparte el valor productivo de sus aeropuertos. Ambas han renunciado a la gestión aeroportuaria y han asumido mejorar sus conexiones con destinos específicos que Aena deberá gestionar sin lesionar los intereses del capital privado. Pero son comunidades que ya cuentan con industrias potentes con las que comerciar, mientras que para Canarias supondría su condena a continuar con el monocultivo del turismo puesto que estamos lejos todavía de disponer de una industria con la que intercambiar tecnología propia en el mercado internacional. No se sabe si los equipos en negociación tienen claro que la llave de crecimiento de los parámetros socioeconómicos de Canarias pasa por gestionar sus aeropuertos. Con su incorporación, cabría desarrollar la conectividad que conviene y potenciar sus zonas industriales en el entorno inmediato asociándolas a la aeronáutica y al espacio. Si deben saber, por el contrario, que la aplicación del art.161 del EAC, podría hacer saltar por los aires a la entidad mercantil Aena SME SA, dejando en evidencia, una vez más, el error técnico cometido en 1991 con la creación de una red aeroportuaria y su remate final de privatizarla en 2014. El único denominador común en ambos desafortunados escenarios ha sido quien ha tenido y tiene la responsabilidad técnica crucial de diseñar la estrategia y definir la política aeronáutica en España: la Dirección General de Aviación Civil (DGAC). Ellos son quienes han establecido un sistema de transporte aéreo comercial centralizado en detrimento de las autonomías y quienes nos han distanciado sustancialmente de la exigencia europea de competir. Y todo ello, por nada, sin ofrecer explicaciones objetivas que justifiquen tanta irregularidad o con la falacia de la solidaridad con aeropuertos deficitarios, donde no cabe incluir los situados en regiones remotas, ni los insulares, que ya tienen reconocido en la UE su derecho a ser subvencionados por el Estado El Observatorio de la Movilidad Aérea y Espacial de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria considera, como tercera alternativa que hay que desandar el camino recorrido, liberando a los aeropuertos canarios y al resto de la red, de la sustracción económica impuesta a determinadas autonomías. Para hacerlo y, entre otras actuaciones de menor nivel, se debe modificar la Ley 18/2014 y salvaguardar los derechos fiduciarios de los accionistas, para lo cual, se puede recurrir a los aeropuertos que no requieran inversiones a medio plazo o no dispongan de capacidad de crecimiento operacional razonable de su campo de vuelos. Cualquiera de los dos aeropuertos principales de la red serviría. A modo de síntesis se puede afirmar que no se ven otras salidas para defender los intereses de los canarios que cualquiera de las tres apuntadas: aplicación del artículo 161, participación suficiente en el reparto de dividendos o repetir la fórmula utilizada por la inmensa mayoría de los países de la UE equiparables a España. Pero por muchas propuestas imaginativas que facilite la entidad público-privada, desde conceder uno o más representante en su Consejo de Administración u ofrecer capacidad para designar a directivos canarios al frente de los aeropuertos de las islas, hasta la creación de ese órgano intermedio incrustado en la administración canaria, el resultado siempre se moverá en los mismos parámetros: pérdida de tiempo sistemática, cargas de personal innecesarias en la administración canaria, e ineludiblemente, cero euros de beneficio para Canarias al final del año.