La brecha de la vivienda

Hace poco más de un año, desde este espacio LA OPINIÓN urgía a los partidos políticos a situar como prioridad y cuestión ajena a las disputas electoralistas la vivienda, un bien de primera necesidad que experimenta un encarecimiento que está alterando la estructura social de la ciudad, Galicia y el resto del Estado, dificultando hasta el extremo a trabajadores con una nómina estable acceder a un techo para emprender un proyecto vital, en caso de los más jóvenes; continuar con el suyo, en el de la mediana edad; o afrontar una jubilación ganada con décadas de jornada, en el de los más mayores. Imaginen el caso de quienes sufren desempleo. El fenómeno que padecían los residentes en grandes urbes como Madrid o Barcelona se está extendiendo a gran velocidad, forzando a adultos con empleos fijos a compartir piso, convirtiendo la búsqueda de una habitación en otra pelea guiada por la inflación capitalista de un mercado sin sentimientos, pero que daña la vida de toda la sociedad. Cuanta más gente frustrada y viviendo de forma precaria, peor nos irá a todos. ¿Se puede presumir de PIB o datos de empleo cuando gran parte de la ciudadanía es incapaz de acceder a un techo? A Coruña fue la primera ciudad de Galicia en lograr la declaración como zona de mercado residencial tensionado para tratar de contener el disparado precio de los arrendamientos, una de las medidas estrella del Gobierno central, pero su efecto ha sido prácticamente imperceptible. En julio del año pasado, cuando entró en vigor la norma que congela alquileres bajo determinadas condiciones, el coste medio de un piso en la ciudad ascendía a 759,5 euros al mes, cantidad que ahora es de 739,4. El descenso de los primeros meses ha dado paso a un progresivo aumento: de los 705 de enero a los casi 740 de junio, último mes del que ofrece datos el Observatorio da Vivenda de la Xunta. En este contexto, el mercado golpea sin piedad las expectativas de los ciudadanos. Este diario reveló ayer cómo el coste de una habitación en un piso compartido en la ciudad oscila entre los 300 y 400 euros de media en función de la zona en que se localice y otros parámetros, pero ya se alcanzan picos de cuartos por 650 euros al mes, excepciones que revelan la existencia de un mercado «exclusivo» en una cuestión antitética precisamente a cualquier concepto de lujo o alto valor, pues se limita el espacio disponible o la intimidad. Compartir vivienda carece de connotaciones negativas per se; de hecho, supone la opción preferida para muchas personas para evitar la soledad. El problema social radica en que gran parte de quienes se ven abocados a esta solución lo hacen por incapacidad económica para costearse una vivienda por sí solos, en muchos casos con contratos estables. No se trata de una elección, sino de una condena. En la actualidad, el mercado laboral gallego ofrece salarios medios de 21.000 euros brutos anuales, lo que supone alrededor de 1.200 euros al mes netos en 14 pagas, por lo que asumir un alquiler en solitario de 740 euros —el promedio actual en la ciudad— supondría la mitad de los ingresos de una persona. La sociedad está en riesgo de que la quiebra generacional sea irreparable, con una juventud que percibe el acceso a una vivienda como una quimera y unos salarios incapaces de crecer al ritmo que se encarecen los pisos. De hecho, en Galicia las donaciones suponen un tercio de las adquisiciones de pisos y las propiedades están en mínimos históricos, por debajo del 80% cuando en los años 90 superaban el 90%. La confianza en el aumento de la oferta como elemento para equilibrar la balanza genera una mezcla de estupefacción y malestar, pues la fotografía social en este terreno se asemeja cada vez más a la burbuja de los 2000, que se derrumbó con la crisis financiera que estalló a finales de 2008 con la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers. La advertencia de George Santayana brota de nuevo como un faro desde el que emitir una señal de emergencia: «Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo». Al menos, algo está cambiando en las administraciones. En A Coruña se prevé el nacimiento de un nuevo barrio en Monte Mero con algo más de 4.000 pisos, de los que 3.254 tendrán carácter protegido y serán impulsados por la Xunta, que ha pisado el acelerador para construir este tipo de viviendas, aunque sea a través de constructores privados. Es loable el cambio, pues en la última década solo es responsable de 1.652, según el Instituto Galego de Estatística. Entre Ejecutivo autonómico y Concello, se prevén 5.000 pisos protegidos en los próximos años. Medidas como la declaración de zona tensionada son loables como mecanismos voluntaristas, pero no han arrojado un resultado que fuerce un cambio de tendencia, al tiempo que evidencia el nulo impacto de un Ministerio de Vivienda que carece de competencias concretas, puesto que estas residen en las comunidades, que colaboran con los ayuntamientos para lograr suelo donde levantar el que ahora mismo es el elemento que está quebrando la sociedad e impidiendo a miles de personas acceder a un hogar. Porque eso es un piso. No se trata únicamente de una estancia cubierta en la que guarecerse del frío o del calor y descansar para volver a trabajar al día siguiente y mantener engrasado el sistema capitalista. Se trata del marco en el que disfrutar de la vida, soñar con un proyecto, sentirse a salvo, compartir espacio y complicidades y del lugar en que sentirse en casa. ¿Qué sociedad puede denominarse justa si cada vez resulta más difícil lograrlo?