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El año lectivo ha tenido un mal comienzo, al menos en los planteles del Gran Santo Domingo, con el tropiezo de la reducción de la docencia propuesta por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en demanda de variadas reivindicaciones. Con la exhortación, el gremio desestima la vía del diálogo para abordar las necesidades del magisterio en una clara apuesta por la confrontación y el caos.
No hay que interrumpir la docencia, como ha exhortado el gremio, para presionar por el nombramiento de conserjes, serenos, profesores ni la rehabilitación de centros para mejorar el sistema de enseñanza. Menos cuando existen múltiples canales para hablar cara a cara.
Lamentable que en respuesta al boicot que promueve la ADP, el Ministerio de Educación haya confundido su rol al advertir al gremio, y no a los maestros que acaten el llamado, de su responsabilidad con la docencia. Son los educadores quienes se atienen a las consecuencias al no cumplir con su misión de impartir clases sin una causa justificada.
Esa realidad las autoridades educativas no pueden perderla de vista ante las interrupciones promovidas por el gremio. Como representante de los profesores, Educación puede sentarse a negociar con la ADP demandas para mejorar la calidad de la enseñanza y las condiciones de vida de los docentes. Pero bajo ninguna circunstancia se puede permitir que se atente contra el sistema educativo con paralizaciones o la reducción de las horas de clases.
Educación tiene que hacerles saber a los maestros las consecuencias a que se exponen si faltan a sus responsabilidades de impartir docencia, bajo el entendido de que la educación es un derecho fundamental consagrado en la Constitución.
Los maestros y la ADP pueden protestar en demanda de las más variadas reivindicaciones, pero sin atentar contra el derecho a la enseñanza.
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