En los últimos días se han intensificado las noticias relacionadas con el tema de la inseguridad ciudadana. El asunto del secuestro del empresario en el norte y su tratamiento bastante peculiar, por decirlo menos, por parte del ministro de Defensa, Rafael Belaunde. Ello se da en el marco del pedido de diversas voces, incluyendo la mía, de la salida del general Arriola de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú. Por si fuera poco, voces relacionadas con la desordenada oposición de izquierda parlamentaria piden una interpelación al ministro del Interior, César Astudillo.
El debate sobre la idoneidad de algunas personas concretas parece ser crucial, pero en realidad puede resultar anecdótico si antes no nos detenemos a pensar en algo más de fondo: la apuesta conceptual del Gobierno para el tema de la seguridad ciudadana. Los nombres pueden cambiar rápidamente —y en el caso de Arriola es algo que debe suceder—, pero ello no conducirá a nada si es que la estrategia en el mediano plazo no surte efecto. Y, en mi opinión, si la misma parte de una premisa equivocada, no tendrá un destino certero. Insistir en que las Fuerzas Armadas deben ser las protagonistas de la lucha contra la inseguridad ciudadana es una apuesta conceptual difícil y muy peligrosa para el Ejecutivo.
La cantidad de elementos que podrían destinarse a labores diferentes de las que ya realizan las FFAA sin afectar la seguridad nacional, según diversos cálculos, no iría más allá de un 25% a lo mucho, con lo cual no se logra incrementar drásticamente los hombres dedicados al tema de la seguridad ciudadana. Esto sin considerar la especialidad y la necesaria preparación adicional que habría que facilitarles a esos hombres; sin contar las armas y equipamiento distintos para sus nuevas tareas. La cuestión se agrava si pensamos en que, en el Fenómeno de 'El Niño', las FFAA tendrán que esforzarse al máximo, pues se nos avecina el peor Niño de los últimos tiempos. Y en ese asunto no hay debate en que los militares deben ser los protagonistas.
El cerco perimétrico en los penales es una buena idea, pero sin más —como contrainteligencia policial al interior de los mismos— resultará insuficiente. Lo mismo ocurre respecto al acompañamiento y protección a las empresas de transporte frente al sicariato.
Mantener en el futuro la concepción expuesta por el Gobierno hasta ahora puede generar algunas distorsiones que hagan el camino más espinoso. Por ejemplo, en la propuesta para el Presupuesto 2027, lo destinado a seguridad es porcentualmente menor a lo destinado en 2026; más bien, aumenta considerablemente la inversión del Estado en Defensa. Ello se debe a esta idea preestablecida de forzar un protagonismo que más bien debe ser un acompañamiento y un uso estratégico y quirúrgico.
Lo grave de estos días no es el manejo de determinadas crisis o el acento comunicacional exagerado en algunas intervenciones, ni siquiera la permanencia o no de Arriola. Lo preocupante es qué va a pasar si es que la apuesta conceptual del régimen es errada. Tendríamos marcos normativos nuevos, designaciones con perfiles coherentes con esa apuesta, presupuesto comprometido, entre otras decisiones que seguirán una ruta equivocada.
Mientras, se agrava la ausencia de una propuesta clara respecto a lo que se tiene que hacer con la que va a ser auténticamente protagonista, por la fuerza de los hechos, la historia, la especialidad, el número de hombres, entre otras cosas, en la lucha contra la criminalidad organizada: la PNP.
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