El reto, más allá de calcular la UPC

Iniciamos el último tercio del año y el nuevo gobierno enfrentará el primer y más importante reto técnico: La estimación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el valor que reconoce el sistema de salud -para cada colombiano- por la atención de los servicios a lo largo del año. El cálculo de la UPC es un ejercicio complejo que, busca estimar un valor promedio nacional que ajuste el gasto esperado para cada persona para el siguiente año, basado en los gastos de los servicios de salud y los medicamentos de las vigencias anteriores. Actualmente, el valor anual reconocido para 2026 en el régimen contributivo es de $1.658.912 y para el régimen subsidiado $1.541.706 por afiliado. Esa estimación fue fuente de las mayores controversias durante el gobierno Petro, por la insuficiencia de dicho ajuste, esgrimida por agentes del sistema y de pacientes. Estrategia que hizo parte de la denominada 'Crisis explicita' propagada por la exministra Corcho y del 'chu, chu, chu' impulsado por el expresidente Petro. Una UPC deficitaria conduce a que las EPS no cuenten con los suficientes recursos para poder responder por las cuentas hospitalarias de sus afiliados. Esto lo hizo notar hasta la propia Corte Constitucional al gobierno pasado, pero el ministro Jaramillo nunca quiso reconocer -y tampoco corregir- llevando el sistema de salud a un desfinanciamiento. Situación continuada a lo largo de los últimos tres años. Jaramillo no solamente se encargó de desbancar al sistema de salud, sino que restó toda credibilidad a un proceso perfeccionado a lo largo de más de 15 años y que se había constituido en capital técnico del ministerio. Ese daño llevó a la pérdida de tiempo y rigor en el proceso de recolección, análisis y cálculo de la UPC. La capacidad técnica del ministerio está hoy profundamente disminuida, mientras el 'ministro en las sombras' se dedicó a entregar -desordenadamente- los recursos esquilmados a la salud de los colombianos, en sus fantasmas equipos comunitarios y en obras inconclusas, que alimentarán su apreciable cuenta de elefantes blancos. El problema de datos para la estimación de la UPC es gigantesco, empezando porque la EPS que concentra la mayor proporción de enfermos crónicos - la Nueva EPS- a estas alturas no tiene ni siquiera en firme los estados financieros de los últimos tres años. Para colmo de males, el racionamiento de servicios y medicamentos acopió poblaciones que, al no ser atendidas, han acumulado mayor carga de enfermedad y cuyo costo es incierto, pero que tendremos que asumir en los siguientes años. Lo anterior está enmarcado dentro de un escenario de déficit fiscal crítico, como se hizo bien evidente en la presentación del presupuesto al Congreso de la República, por parte del nuevo gobierno. La tendrá muy difícil el ministerio de Salud para calcular la UPC de 2027. Pero el principal reto es evitar que en el futuro cualquier gobierno por negligencia, ideología o incapacidad, tenga de nuevo la posibilidad de desestabilizar o destruir el sistema de salud; induciendo la desprotección financiera y social de los colombianos. El principal problema no es la UPC, es cómo blindar al sistema para preservar la capacidad técnica -necesaria y suficiente- para la estimación neutral y autónoma de las cuentas de gastos de salud de los colombianos y de los presupuestos requeridos. El Estado deberá garantizar una estimación actuarial justa de la UPC y el gobierno De la Espriella debería pensar en un mecanismo autónomo para su definición y seguimiento. Puede ser a través de un comité independiente, como sucede con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), o algo similar a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) cuyo objetivo sea gestionar la información y efectuar el cálculo de la UPC, pero además pueda realizar el seguimiento en su consumo, resolutividad y protección de salud de los colombianos. Sea cualquiera el diseño, lo más importante es generar un muro de contención como protección institucional, ante los intereses políticos de gobierno de turno. El enorme costo financiero del desbalance del sistema de salud -sin contar el gigantesco descuadre del sistema de los maestros (FOMAG)- indica de manera contundente que, la inversión en la generación de una comisión o agencia, es muy bajo frente al inmenso beneficio que implica alejar los apetitos políticos de los recursos de la salud de los colombianos: Pensemos en la salud como una política de Estado y que incluya la creación de una comisión o agencia para la UPC.