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Paula Fernández

Paula Fernández: La vivienda vacía: la gran oportunidad para el alquiler

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Si hoy preguntáramos a cualquier joven cántabro cuál es el principal obstáculo para desarrollar su proyecto de vida, la respuesta sería prácticamente unánime: la vivienda. Emanciparse se ha convertido en una carrera de obstáculos. Los precios de compra están en máximos históricos, el alquiler consume una parte cada vez mayor del salario y encontrar una vivienda disponible es, en buena parte de Cantabria, una auténtica misión imposible. El resultado está a la vista: nuestra comunidad tiene una de las tasas de emancipación juvenil más bajas de España. Miles de jóvenes trabajan, estudian, pagan impuestos y quieren construir aquí su futuro, pero sencillamente no pueden acceder a una vivienda. Durante demasiado tiempo, el debate se ha centrado casi exclusivamente en construir más. Y, sin duda, hay que construir más vivienda pública y facilitar nueva oferta. Pero limitar la respuesta a la construcción supone ignorar una realidad evidente: en Cantabria existen miles de viviendas vacías que hoy no cumplen ninguna función social. Ahí tenemos una enorme oportunidad. Mientras miles de personas buscan desesperadamente un alquiler, miles de viviendas permanecen cerradas. No porque todos sus propietarios quieran especular, sino porque muchos tienen miedo a los impagos, a procedimientos judiciales interminables, al deterioro del inmueble o, sencillamente, consideran que el alquiler no les ofrece suficientes garantías. Si queremos aumentar la oferta, debemos conseguir que esos propietarios vuelvan a confiar en el mercado. Por eso desde el PRC defendemos una política basada en incentivos y seguridad jurídica. Necesitamos un modelo que ofrezca garantías reales a quien pone su vivienda en alquiler de larga duración: seguros frente a impagos, mecanismos ágiles para resolver conflictos, acompañamiento administrativo e incentivos fiscales que hagan atractivo alquilar a quienes residan de forma estable en Cantabria. Porque el objetivo no debe ser castigar a quien tiene una vivienda vacía, sino convencerle de que ponerla en alquiler merece la pena. Además, Cantabria tiene ahora una oportunidad extraordinaria con la nueva regulación de las Viviendas de Uso Turístico (VUT), siempre que exista voluntad política para aplicarla y hacerla cumplir. Según los datos del propio Gobierno autonómico, más de 3.000 viviendas que actualmente no reúnen las condiciones para mantener esa actividad podrían incorporarse al mercado residencial permanente. Frente al alquiler vacacional de pocos días, Cantabria necesita favorecer el alquiler de larga duración para quienes quieren vivir, trabajar y formar una familia aquí. No se trata de demonizar el turismo, sino de encontrar un equilibrio que permita compatibilizar su desarrollo con el acceso de los cántabros a una vivienda. No podemos resignarnos a que resulte más atractivo alquilar una vivienda por semanas durante el verano que ponerla a disposición de una familia o de un joven durante todo el año. Las administraciones deben contribuir a cambiar esa ecuación mediante incentivos, seguridad y un marco fiscal adecuado. Pero para diseñar esas políticas necesitamos algo imprescindible: conocer con precisión la realidad. Por eso el PRC impulsó en los Presupuestos de Cantabria para 2026 una enmienda para que la Universidad de Cantabria elabore un estudio sobre la vivienda vacía existente en nuestra comunidad. No bastan las estimaciones. Necesitamos saber cuántas viviendas permanecen realmente desocupadas, dónde están, por qué no salen al mercado y qué medidas pueden resultar más eficaces para movilizarlas. Solo con un diagnóstico riguroso podrán adoptarse decisiones acertadas. Ese estudio debe ser la base de una auténtica estrategia autonómica para el alquiler que identifique el potencial de la vivienda vacía y permita poner en circulación inmuebles que hoy no cumplen la función social de la vivienda. Porque esa vivienda no debe contemplarse como un problema, sino como una oportunidad para ampliar la oferta sin consumir más suelo, incrementar la presión urbanística ni esperar años a que finalicen nuevas promociones. Tenemos un patrimonio residencial construido que debemos intentar aprovechar. No existe una solución única al problema. Habrá que construir más vivienda pública, rehabilitar el parque existente, agilizar licencias y facilitar el acceso a la compra. Pero, si queremos obtener resultados a corto plazo, movilizar la vivienda vacía debe convertirse en una de nuestras prioridades. Cantabria necesita que miles de viviendas cerradas vuelvan a abrir sus puertas. No para turistas de una semana, sino para jóvenes formados que quieren permanecer en su tierra, familias que buscan estabilidad y trabajadores que desean desarrollar aquí su proyecto de vida. Porque una comunidad incapaz de ofrecer vivienda a quienes quieren quedarse acaba perdiendo mucho más que población: pierde talento, pierde oportunidades y compromete su futuro.
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