El miércoles por la noche el Presidente Milei se dirigió al pueblo argentino en una cadena nacional histórica. No sólo por una afirmación contundente de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, sino porque por primera vez en la vida de muchos de nosotros tenemos un gobierno que piensa a largo plazo.
Por un lado, el gobierno ha manifestado un claro compromiso con el mandato constitucional de ejercer la soberanía sobre nuestro territorio. Yendo más allá de las meras palabras y declamaciones vacías a las que nos tenía acostumbrados la política, el gobierno nacional impondrá sanciones pacíficas pero ejemplificadoras a los actores involucrados directa o indirectamente en la exploración y explotación ilegal de nuestros recursos naturales.
A raíz de esto, por ejemplo, la empresa SLB, Baker Hughes y Halliburton han hecho público su compromiso con la norma vigente, anticipando en un comunicado que 'no está participando ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Malvinas, así como en los espacios marítimos circundantes'.
Una nueva Ley de Defensa de la Soberanía Nacional
Por otro lado, el Presidente anunció que enviará al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional con tres ejes: endurecer la Ley 26.659 para sancionar a empresas y proveedores que participen en operaciones no autorizadas en las islas —inhabilitándolos para contratar en la Argentina e incluyendo, cuando corresponda, el juicio en ausencia, y extendiendo el régimen a otras actividades que afecten recursos naturales—; crear un Consejo de Seguridad Nacional que fije una política obligatoria y transversal, articulando Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía, y proteja la infraestructura crítica y el espacio aeroespacial y marítimo; y dotar a ese Consejo de facultades para responder con herramientas económicas y diplomáticas ante actores estatales o no estatales que amenacen la seguridad nacional.
Vale aclarar que todo esto ocurre en el contexto de una reevaluación histórica de la posición de los Estados Unidos respecto al conflicto soberano anunciada por el Presidente Trump. Esto no es casual, sino que proviene de una decisión radical en materia de relaciones exteriores.
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