El martes primero, al rendir lo que solíamos llamar su segundo Informe de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó áreas que, en su opinión, han tenido avances: economía, empleo, gasto social y seguridad. Dijo la Presidenta: 'Se alcanzaron los 60 millones de personas con empleo, lo que representa una tasa de desempleo de tan sólo 2.7 por ciento. Al cierre de agosto, sin considerar plataformas digitales, se crearon 86 mil 765 puestos de trabajo formales respecto al cierre de julio de este año'.
Y agregó: 'Desde nuestra perspectiva, el Estado tiene una responsabilidad rectora: planear e impulsar el desarrollo, garantizar los derechos sociales, fortalecer una distribución justa de la riqueza (…) Es por esta razón que, después de 36 años de empobrecimiento y aumento de las desigualdades, desde 2019 las y los trabajadores viven una primavera laboral.
El salario mínimo mensual pasó de 2 mil 800 pesos en 2018 a 9 mil 582 pesos en 2026 (…) El salario medio de la economía formal alcanzó un máximo histórico de 20 mil 212 pesos mensuales, el más alto de la historia. Gracias a ello, la pobreza laboral en 2026 se encuentra en su mínimo histórico desde 2005' (https:// www.gob.mx/presidencia/articulos/ version-estenografica-segundo-informede-gobierno-de-la-presidenta-claudiasheinbaum-pardo).
En este interminable ping-pong en que hemos convertido el examen de la administración pública, todo puede ser… para dejar de serlo. Los aumentos en el salario mínimo y su eventual repercusión son innegables, como es su impacto en el bienestar de muchas personas y familias, como también es razonable pensar que estas 'primaveras' pueden pronto secarse, sin apenas recibir las primeras aguas, de persistir el crecimiento económico hiperlento que se ha impuesto en el panorama macroeconómico por ya más de 30 años… que no son pocos.
Celebremos pues el incremento en el empleo y sus ingresos, pero convengamos en que sus virtudes pueden ser pasajeras, como han sido en el pasado. Sigue sin haber en los mensajes presidenciales la identificación clara, comprometida, de las grandes carencias que han sometido a la economía a un cerco infame, en el que lo único que parece reproducirse es la población indefensa, vulnerable y pobre.
No hay visos de que pronto vayamos a vivir una tormenta inversionista o que las expectativas de crecimiento tomen otro camino porque los dueños de la plata por fin se deciden a arriesgar e invierten mirando al mediano y el largo plazos, horizontes en los que se anidan las potencialidades y las expectativas de un rompimiento del círculo vicioso que nos ha sometido a horizontes de pasmo y renuncia.
Viene pronto el llamado Paquete Económico, y nos veremos las caras con los acertijos nefastos de una austeridad fiscal y en general financiera, convertidas en razonamientos pueriles que desalientan la imaginación desarrollista, siempre en busca de algún refugio donde trazar proyectos e inventar planes de recuperación del crecimiento y el empleo digno.
La democracia siempre ha requerido de bases más o menos firmes en las que sus ofertas y promesas encuentren cobijo y sostén. Los soportes con que contamos no son sólidos ni parecen disponer de energías que potencien y den sentido a un reclamo social reproducido ampliadamente y a unas expectativas opacadas por una vida diaria cuya conducción política se ve obligada a acudir a la mentira o las dobles verdades. Pero me temo que en esas estamos.
Habrá que estar atentos y revisar el Paquete Económico que entregará la Secretaría de Hacienda al Congreso de la Unión, pero si se mantiene el criterio que apuntó la Presidenta de que 'la rectoría del Estado no significa abandonar la disciplina fiscal ni asumir que el desarrollo depende exclusivamente de mayor gasto público.
Significa contar con finanzas públicas sólidas que amplíen la capacidad de inversión sin comprometer la estabilidad macroeconómica', entonces no habrá manera de esperar mayor gasto público para el impulso de las actividades económicas, por lo que parece que se mantendrá la renuncia –la renuencia– a impulsar una reforma fiscal redistributiva como si, con la sola mejora en las prácticas recaudatorias, necesarias, se desplegaran las posibilidades que puede tener una política fiscal como medio para compensar desigualdades, impulsar el crecimiento económico y cumplir con las funciones que tiene, constitucionalmente, el Estado mexicano.
Hasta ahora se ha optado por no alterar la estabilidad macroeconómica, tampoco contribuir al nerviosismo de los inversores; sería bueno que el gobierno se decidiera a utilizar las políticas a su disposición, entre ellas la fiscal, para potenciar el crecimiento económico y la política industrial, promoviendo actividades particulares, en regiones específicas, realizando inversiones en infraestructura pública –escuelas, hospitales, caminos– que faciliten y promuevan el crecimiento económico y, desde luego la redistribución.
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