Medio millar de millones para una casta que no aporta nada

Durante dos décadas, el Perú ha sufragado una de las estafas políticas más costosas y menos útiles de su historia: el financiamiento público a los partidos políticos. Más de S/ 500 millones han salido del erario para sostener organizaciones que no representan, no educan, no investigan, no rinden cuentas y, sobre todo, tampoco sirven al ciudadano. La congresista Norma Yarrow, de Renovación Popular, ha puesto el dedo en la llaga al presentar un proyecto de ley para eliminar semejante dispendio. Su iniciativa no solo es razonable, sino fundamental para frenar una sangría que empobrece al país y enriquece a una casta que vive del Estado sin ofrecer nada a cambio. El financiamiento público directo —esa ficción burocrática que supuestamente sirve para 'capacitación', 'formación', 'investigación' y 'asesoría legal'— se ha convertido en una caja chica para solventar sueldos partidarios, inútiles consultorías, asesorías jurídicas para dirigentes investigados y actividades administrativas que jamás se traducen en mejorar la democracia. El financiamiento indirecto, la llamada franja electoral, es aún peor: un mecanismo multimillonario de propaganda financiada por todos los ciudadanos para beneficio exclusivo de los partidos. Solo en las Elecciones Generales 2026, el Estado asignó S/ 80 millones para la franja electoral, S/ 8,7 millones para redes sociales y S/ 71,3 millones para radio/televisión. En total, más de S/ 160 millones para que partidos —muchos de ellos solo cascarones ideológicos sin estructura real— se promocionen con dinero público. ¿Cuántas defensas ribereñas, cuántos drenajes, cuántas obras de prevención del Fenómeno del Niño se financiarían con esos recursos? La respuesta es obvia y dolorosa. La corrupción en el uso de estos fondos es escandalosa. Miguel del Castillo, del partido Primero La Gente, habría desviado S/ 464.000 hacia su ex canal Nativa. Alianza para el Progreso, partido de propiedad de César Acuña, destinó S/ 349.882 al canal Cosmos TV, vinculado a su propia universidad. ¿Cómo llamarle a esto? ¿Conflicto de interés? ¿Malversación? ¿Uso patrimonialista de fondos públicos? La verdad es que el Estado acabó financiando medios vinculados a los candidatos que debían ser fiscalizados. Y mientras tanto, ¿qué recibía el ciudadano? ¡Nada! ¡Ni mejores partidos, ni mejores candidatos, ni mejores campañas, ni mejores políticas públicas! El financiamiento público ha sido entonces un experimento fallido, costoso y profundamente injusto. Los partidos han demostrado que, con dinero del Estado, no se vuelven más democráticos: solo se vuelven más cómodos, más opacos y más dependientes de la mamadera fiscal. La propuesta de Yarrow merece un debate serio, pero es evidente que el Congreso —dominado por la misma casta que se beneficia del sistema— hará todo lo posible por enterrarla. Por eso, la pregunta es inevitable: ¿no debería ser la ciudadanía quien decida, mediante referendo, si quiere seguir financiando a quienes no la representan? El Perú no puede seguir pagando por su propia desgracia política. Es momento de que cada partido —léase claramente, que cada candidato— baile con su propio pañuelo. Y si no tiene de dónde, pues entonces que arree. ¡Basta de abusos contra Juan Pueblo, señoritos políticos! Mira más contenidos en Facebook, X, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok y en nuestros canales de difusión de WhatsApp y de Telegram para recibir las noticias del momento.