Keiko quedó desmentida porque la improvisación sustituye a la ley

La crisis desatada por el secuestro y la masacre en Trujillo no solo revela la ferocidad del crimen organizado: desnuda crudamente el nivel de descomposición institucional del Estado. Lo ocurrido esa noche —cuando un ministro ajeno al sector policial temerariamente interroga detenidos, un general de la PNP observaba en silencio, nuestra presidenta difundió información falsa y un fiscal superior desmentía públicamente al Poder Ejecutivo— constituye la radiografía perfecta de un país donde la autoridad se ejerce sin reglas, sin jerarquías ni respeto por la ley. El fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, coordinador de Fiscalías contra el Crimen Organizado, fue categórico: ¡ninguno de los detenidos ha confesado! No hay entonces declaración formal, no existe documento válido ni existe diligencia fiscal. ¿Por qué? ¡Porque eso que hubo no fue un interrogatorio, sino una escena grotesca: el ministro de Energía y Minas, Rafael Belaúnde Llosa, relajado, temerario, entrometiéndose en una diligencia policial que no le competía, formulando preguntas a imputados sin fiscal ni abogado presentes. Un acto ilegal, imprudente, claramente irresponsable. La presidenta Keiko Fujimori, basándose en esa intromisión, anunció al país que los detenidos habían confesado. ¡Era falso! Fue el propio Ministerio Público quien la desmintió. ¿Qué clase de gobierno comunica hechos no verificados? ¿Qué clase de presidente se expone a semejante desaire institucional? ¿Qué clase de ministro se porta como aficionado ante una escena criminal? Hay preguntas inevitables: ¿A qué intereses responde Belaúnde Llosa? ¿Actuó como ministro o como operador de minera Paltarumi, donde su padre es miembro del directorio? ¿Fue un acto de protagonismo, ignorancia o de interferencia? Tamaño episodio ocurre en un contexto inflamado: la pugna entre la PNP y la Fiscalía, alimentada por la Ley 32130, que otorgó a la Policía la investigación preliminar y a la Fiscalía la conducción jurídica. Dualidad infamemente diseñada, aún peor ejecutada y desastrosamente administrada. Ambas instituciones se disputan protagonismos, competencias y liderazgos, mientras el crimen organizado avanza desenfrenadamente. Según Víctor Andrés García Belaúnde, muy mal informada y peor asesorada, la presidenta Keiko quedó mal parada, agravando las cosas con el general Óscar Arriola mantenido en el cargo pese a su evidente incapacidad. ¿Cómo puede el país enfrentar mafias armadas si su líder policial no ejerce autoridad ni controla procedimientos básicos? El excongresista Jorge del Castillo añade que la Policía Nacional no actuó con transparencia: ocultó información y no avisó a los fiscales, mientras el ministro metiche —Belaúnde— interrogaba y la PNP contemplaba. ¿Qué investigación es esa? ¿Qué clase de Estado permite semejante desorden? Lo acontecido en Trujillo no es un incidente aislado; es la comprobación de que el Perú vive bajo un Estado colapsado, donde ministros improvisan, generales silencian, fiscales desautorizan a presidentes y las mafias asesinan impunemente en plena calle. La ciudadanía paga el precio de una institucionalidad rota, de autoridades que no saben dónde empiezan ni dónde terminan sus funciones y de un gobierno que comunica sin verificar. El Perú jamás combatirá el crimen organizado con un aparato estatal transformado en campo de batalla. ¡Eso, lamentablemente, es el Perú! Mira más contenidos en Facebook, X, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok y en nuestros canales de difusión de WhatsApp y de Telegram para recibir las noticias del momento.