Estos escombros que ves

Hay temas que llegan a la agenda mediática o a la agenda pública, ocupan un lugar importante durante varios días y después parece que pierden relevancia, o llega un nuevo tópico que toma su lugar, sin que se sepa si el asunto fue resuelto o simplemente perdió interés. Tal es el caso del depósito de residuos de construcción, mantenimiento y demolición en el municipio de León; en otras palabras, la escombrera que opera el municipio a través del Sistema Integral de Aseo Público (SIAP) en un predio de la comunidad de Los López, dado que la ubicada en Santa Ana del Conde alcanzó su capacidad máxima. La apertura emergente de la nueva escombrera, que no contaba con los permisos necesarios, desató un conflicto entre la administración estatal y la municipal respecto de la responsabilidad en el manejo de estos residuos de manejo especial, así como por la falta de autorizaciones para la operación del nuevo sitio. Según cifras del municipio, en León se generan, en promedio, 2,860 metros cúbicos diarios de este tipo de residuos, lo que implica la necesidad de contar no con uno, sino con varios sitios de disposición final en la ciudad, pues ello reduciría el costo de transporte y la huella de carbono. La vigilancia del correcto manejo de estos residuos corresponde, según la Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado y los Municipios de Guanajuato, al gobierno estatal, que debe garantizar que los generadores cumplan con procesos adecuados en etapas como separación, recolección, traslado o transporte y disposición final. Para ello, la ley contempla que los grandes generadores, los pequeños generadores y los microgeneradores de residuos de manejo especial están obligados a registrarse ante la dependencia estatal encargada del medio ambiente y a establecer o sujetarse a los planes de manejo respectivos. En el caso particular, autoridades municipales y estatales se señalaron mutuamente como responsables de no cumplir con los procesos necesarios para la autorización de una nueva escombrera en León. Si bien existe una responsabilidad compartida, el tema no se zanja determinando quién tiene mayor culpa en este incidente, sino con una respuesta de mediano y largo plazo. Una cuestión esencial es determinar cuánto tiempo de vida útil tendrá la nueva escombrera y qué hacer para evitar que se llegue a una nueva contingencia en la que no exista un lugar reglado para recibir este tipo de depósitos. Lo mismo aplica para el resto de los municipios de la entidad. No es un asunto menor encontrar nuevos sitios aptos para fungir como depósitos de estos residuos, por lo cual cobra sentido la normativa que establece que sus generadores deben registrarse ante la Secretaría del Agua y Medio Ambiente y contar con un plan de manejo. Este plan debe incluir, desde luego, el lugar en el que se depositarán los residuos en cuestión, por lo que solo a través del conocimiento del número de generadores y de su dinámica es posible determinar las necesidades del servicio y, por ende, contar con los sitios precisos para atender la demanda. Por ello, la discusión no debe centrarse solo en un caso particular, que seguramente encontrará los cauces para su regularización, pues León requiere de un sitio reglamentado en el que se puedan recibir y tratar de manera adecuada estos residuos. De otra forma sería un conflicto no solo para el municipio, sino para la propia autoridad estatal. El quid radica en el estado de cosas que presentan la normativa y la programática de la materia en los municipios, principalmente en León, así como a nivel estatal, pues finalmente es este ámbito de gobierno el que tiene la rectoría del tema. El manejo de estos residuos no se reduce a la apertura o no de un solo depósito, sino que comprende todo un proceso que incluye doce etapas y exige diagnósticos básicos, planes de manejo, bitácoras y reportes anuales a grandes y pequeños generadores, lo que de suyo implica la necesidad de una dependencia que haga cumplir la norma en tiempo y forma. El Congreso y sus diputados, como es el caso de Sergio Contreras, tienen la responsabilidad no solo de hacer señalamientos particulares, sino de ejercer una verdadera accountability para que la norma que aprobaron se cumpla y tenga los efectos deseados cuando se creó. El tema es complejo y no tiene un solo responsable, pues se trata de un sistema de responsabilidad compartida, todo bajo la rectoría del estado. Por el bien de nuestra ciudad no solo se debe resolver el tema de la nueva escombrera y garantizar que cumpla con los requisitos normativos, sino contar con procesos reales que den cumplimiento a la ley de la materia y permitan una planeación a corto, mediano y largo plazo para atender las necesidades de una ciudad pujante como León. Informe En la pasada sesión del cabildo leonés se aprobó el segundo informe de la actual administración, con solo tres votos en contra, correspondientes a las personas ediles de Morena, mientras que el resto de quienes integran el Ayuntamiento votaron a favor. El hecho de que la presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez, ya milita en las filas de Movimiento Ciudadano y no en Acción Nacional generó cierto debate dentro del cuerpo colegiado para lograr su aprobación. Sin embargo, y a pesar de dicho debate, el informe seguirá la misma lógica de todos los informes que han existido en todos los ámbitos de gobierno: un momento de lucimiento de la persona gobernante en turno, sin mayor trascendencia para la transparencia o la dialéctica de la cosa pública.