El partido monárquico

Una monarquía parlamentaria puede convivir con fuerzas republicanas; sin embargo, al contrario de lo que nos dice la intuición, resulta más compleja su convivencia con partidos explícitamente monárquicos. Es decir, con formaciones que busquen capitalizar su identificación singular con una institución cuya posición ha de ser de equidistancia partidista. En nuestra experiencia constitucional las fuerzas de gobierno nunca han hecho gala de una especial relación de identidad con la Corona. Algo lógico, pues, con ello, estarían socavando un sustento de su legitimidad: la neutralidad política. Nuestra cultura constitucional, sin embargo, parece experimentar una mutación. De un lado, asistimos a actos, hasta ahora inéditos, de fiscalización pública del monarca por parte de miembros del ejecutivo, como el que llevó a cabo el ministro Óscar Puente. Pero, al mismo tiempo, se está normalizando en el principal partido de la oposición un discurso de filiación monárquica que insiste en denunciar el proyecto cripto-republicano del ahora partido de Gobierno. Destacados dirigentes populares han secundado la tesis, extendida por cierta prensa, de que las próximas elecciones esconden un referéndum sobre nuestra forma política. El plebiscito sobre la ejecutoria del presidente implicaría así a la propia Corona. La realidad es que no existe base para sostener esta teoría que, desde luego, el Gobierno no ha puesto sobre la mesa. Desconozco si esta estrategia será electoralmente rentable, pero tengo claro que es temeraria para la estabilidad de la Monarquía y, con ello, para el propio edificio constitucional. Sea cual sea el resultado de unas elecciones planteadas en esos términos, se estaría vinculando la suerte de la Corona con la de un sector del sistema de partidos y traduciendo, hacia el futuro, todos los votos que no acapare la derecha en votos contrarios a la Monarquía, lo que, en algunos territorios, se interpretaría como su rechazo mayoritario. En definitiva, se situaría a la Jefatura del Estado en el preciso terreno del que quiere sustraerla el Título II de nuestra Constitución: el de la política. Un terreno al que la empujan también quienes instan al Rey para que ejerza, al margen del Gobierno, una reserva de poder en política exterior que, desde luego, la Constitución no le confiere. El valor político de la monarquía parlamentaria es hoy especialmente preciado y nuestro Rey encarna la Corona con ejemplaridad constitucional. El vértigo de los tiempos no ha de nublar nuestro instinto de conservación pero eso atañe también a los propios conservadores.