Las secuelas del manejo irresponsable de los fondos públicos causan zozobra entre los funcionarios. Caso puntual: la Unachi, que no dispone de recursos para pagar el salario de sus de trabajadores.
La comunidad elige a los rectores y decanos, y la mayoría de estos encuentra la fórmula para quedarse largos periodos. Periodos en los que la calidad de la educación en estos centros no mejora porque no hay mecanismos de medición. Tampoco hay forma de calcular la planilla que debe tener una universidad como la Unachi o la Universidad de los Pueblos Indígenas, que recién empieza y lo hace con tropiezos. Pocos estudiantes, poca transparencia de lo básico en su página web.
En otros centros se han vivido situaciones que dejan a la academia lejos de las buenas prácticas o de los modelos de optimización de recursos.
Contratar funcionarios sin disponer de los fondos es una irresponsabilidad, y peor aún cuando estos funcionarios sean familiares. En distintos momentos, Transparencia ha solicitado la destitución de funcionarios de la Unachi por lazos de sangre.
Y hay funcionarios que, trabajando en otra entidad, también prestan servicios administrativos a tiempo completo.
Ordenar las universidades es una deuda de quienes dirigen estos centros de formación del recurso humano que moverá el país.
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