Cabía esperar de la sesión celebrada en el Congreso al menos una mínima clarificación del fondo de la crisis de Ceuta. Pero ha sucedido más bien todo lo contrario. Los oradores se emplearon en defender su posición y atacar al rival, hasta perderse en acusaciones de traición de ida y vuelta. Para la derecha, el Gobierno ha actuado a propósito en contra de los intereses de España. Según la izquierda, la que ha faltado a la lealtad debida es la oposición, que actúa en connivencia con la derecha radical internacional organizada en torno al escuadrón de Trump. En la refriega han sobrevolado informes de última hora, ácidos reproches por hechos pasados, insinuaciones y advertencias hirientes. Todo en la forma y el tono a los que nos hemos acostumbrado, inadecuados en particular para esta ocasión. La actitud de los portavoces ha contribuido a oscurecer un poco más los movimientos entre las bambalinas del drama de Ceuta. En un ambiente claramente desfavorable por las masivas manifestaciones y la filtración de informes policiales que implican a Marruecos en una hostilidad de naturaleza híbrida, Pedro Sánchez estuvo a la defensiva, tratando de imponer su versión a base de hacer pequeñas concesiones. Temeroso de sufrir una derrota definitiva, podría decirse que buscó el empate, hasta que en el curso del debate se afianzó y volvió a ser él mismo, haciendo burla a carcajadas de Feijóo, su víctima favorita en el escenario político. El líder del PP salió en tromba contra el presidente, con la intención de dejarlo fuera de combate. Utilizó con ese fin los argumentos conocidos, que remató solicitando una vez más el adelanto electoral. Feijóo fue muy rotundo, quizá demasiado con las referencias a Pegasus o al castigo político y judicial que auguró a Pedro Sánchez. Ahí, su intervención se desvió de Ceuta y perdió eficacia. Ambos transmitieron la sensación de que no se plantean ni remotamente un acercamiento entre ellos para abordar cuestiones de Estado y lo único en que piensan es disputar el uso de La Moncloa. Tras la sesión del jueves, el panorama político es más confuso. Los españoles no saben quién les está diciendo la verdad, o si mienten todos, y es probable que su desconfianza hacia los partidos y sus dirigentes, que ya era profunda, haya aumentado. Por otro lado, Ceuta no es solo un ataque a la integridad territorial de España o una crisis humanitaria, sino que además se ha convertido en el asunto central de la política nacional, con los antecedentes de una legislatura llena de sobresaltos y en vísperas de unas elecciones. La situación es aún más complicada. Un gobierno en minoría, acosado por escándalos y causas judiciales colaterales, que día a día va perdiendo el apoyo de la opinión pública, se enfrenta a una mayoría parlamentaria que pide la dimisión del presidente o la disolución de las Cortes. A Pedro Sánchez se le ve cada vez más solo y aislado de su partido y de la sociedad española, que va dejando de prestarle atención. Y aquí está el problema. La política nacional pasa hoy por Ceuta. La opinión pública se inclina por pensar que el Gobierno, y el presidente en primer lugar, ha fallado. Una mayoría solicita en el Congreso su relevo o elecciones. En resumen, un gobierno en la picota debe hacer frente a un desafío de perfil y alcance imprecisos que afecta a la integridad del estado. La situación del Gobierno no es la idónea para tal reto. En otra circunstancia, sería razonable celebrar elecciones. Pero en esta tesitura, dada la urgencia de gestionar las incidencias y los asuntos que se agolpan en Ceuta, la convocatoria supondría abrir un paréntesis, es posible que prolongado, para la disputa electoral. Un proceso electoral con una campaña muy polarizada y el resultado previsto de una victoria limitada, al que seguiría una negociación dilatada para formar el nuevo gobierno, perjudicaría la gestión que requiere la crisis ceutí. Habría que repensar el desarrollo de esta legislatura. Las elecciones tendrían que haberse celebrado cuando el Gobierno fue incapaz de conseguir la aprobación por el parlamento de unos presupuestos. Ahora, en minoría, sin apoyos, dividido, desacreditado, debe hacerse cargo de una de las peores crisis geopolíticas en las que nuestro país se ha visto envuelto en tiempos recientes. La responsabilidad que asume debería llevarle a compartir la información y las decisiones con el primer partido de la oposición, del que ha tomado algunas propuestas, pero en la política española actual eso, ya se sabe, es pedir peras al olmo.
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