La educación no empieza de nuevo cada cuatro años

El PP lleva más de tres años gobernando y ya no puede utilizar la herencia como explicación permanente Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos Al releer estos días un artículo que publiqué en junio de 1985 sobre la reforma de las Enseñanzas Medias, pude comprobar la vigencia de aquellas preocupaciones. Hablaba de reducir el número de estudiantes por aula, incrementar las plantillas, mejorar las instalaciones, reforzar la formación permanente del profesorado y disponer de más medios para atender a un alumnado cada vez más diverso. Han pasado más de cuarenta años y, después de un curso marcado por una larga huelga del profesorado valenciano, volvemos a hablar de ratios, plantillas, infraestructuras, inclusión, burocracia y condiciones para atender mejor al alumnado. La comparación, sin embargo, exige tener en cuenta cuánto ha cambiado la educación. En 1985 había aulas con alrededor de cuarenta estudiantes y reclamábamos reducirlas a treinta. La escolarización obligatoria terminaba a los catorce años, la integración del alumnado con necesidades educativas especiales estaba dando sus primeros pasos, la Educación Infantil tenía un desarrollo muy limitado y la Formación Profesional seguía considerándose una vía de segunda categoría. La escuela actual es muy distinta, como también lo es la sociedad a la que debe responder. Precisamente porque se ha avanzado, resulta pobre contestar a las reivindicaciones actuales recordando que algunas ya existían cuando gobernaba el Botànic. Claro que existían, y muchas venían de bastante antes. La educación no parte de cero con cada cambio de gobierno. Entre 2015 y 2023 aumentaron de manera importante las plantillas en la Comunitat Valenciana, se redujeron ratios, se extendió la escolarización de 0 a 3 años, se reforzó la educación inclusiva, creció la Formación Profesional, se implantó XarxaLlibres y se puso en marcha Edificant para mejorar una red de centros públicos que arrastraba graves déficits de infraestructuras. No fue un periodo sin problemas ni quedaron cubiertas todas las necesidades. Hubo medidas que necesitaban más tiempo, recursos que seguían siendo insuficientes y decisiones que podían haberse hecho mejor. Reconocerlo no invalida lo conseguido. Permite valorar con mayor rigor de dónde partíamos, qué se transformó y qué asuntos continuaban abiertos. Quien gobierna recibe esa realidad y asume la responsabilidad de mejorarla. El Partido Popular gobierna la Comunitat Valenciana desde 2023, primero con Mazón y ahora con Pérez Llorca, que da continuidad al mismo proyecto político. Después de un mes de huelga indefinida, el 87 % del profesorado que participó en la consulta rechazó la propuesta global de la Conselleria. Ese resultado expresa una ruptura profunda de la confianza. El Gobierno de Pérez Llorca ha dedicado buena parte de su iniciativa política a asuntos que alejan a la educación de sus problemas reales. Ha utilizado la denominada Ley de Libertad Educativa para reducir la presencia del valenciano y ha encargado a la Inspección de educación que vigile una ambigua neutralidad ideológica. El mismo Consell que proclama la autoridad del profesorado introduce la sospecha sobre su trabajo. Esa no es una política de reconocimiento y confianza. Al comenzar el curso, el debate debe centrarse en las decisiones actuales y en sus efectos sobre las condiciones en las que se enseña y se aprende en los centros. Que una reivindicación apareciera ayer o hace veinte años no exime a nadie de responderla hoy. La sociedad pide hoy mucho más a la escuela que hace cuatro décadas. Seguimos exigiendo buenos aprendizajes y menos abandono educativo, pero también queremos que los centros compensen desigualdades, atiendan mejor a la diversidad, eduquen para la convivencia y la igualdad, afronten el acoso y el ciberacoso, incorporen adecuadamente las tecnologías y empiecen a responder a los desafíos de la inteligencia artificial. Si pedimos más a los centros, hemos de proporcionarles mejores condiciones para responder. No se puede ampliar de forma continua su responsabilidad y tratar después los recursos, los tiempos y los apoyos como una cuestión secundaria. El debate sobre las ratios es un buen ejemplo. Hoy son mucho menores que en 1985, pero continúan siendo determinantes para la atención educativa. Y su reducción no puede abordarse de la misma manera en todas las etapas ni en todos los centros. La Conselleria ha advertido de que la reducción de ratios planteada para el primer ciclo de Educación Infantil podría poner en riesgo el 60% de las plazas de 0 a 3 años. Sin embargo, la experiencia de las aulas de dos años en los colegios públicos demuestra que mejorar la atención no obliga a reducir la oferta. En aquellas aulas mantuvimos grupos viables y asignamos dos profesionales a cada grupo: una maestra o un maestro perteneciente al cuerpo de maestros y una educadora de Educación Infantil. No se reducían las plazas del aula, sino el número de niñas y niños que debía atender cada profesional, porque ambos trabajaban conjuntamente con el mismo grupo. Ese modelo permitió ampliar la oferta pública y mejorar al mismo tiempo la atención educativa. La respuesta, por tanto, no debe ser cerrar aulas o suprimir plazas, sino incorporar dos profesionales en cada aula de 0 a 3 años. Tiene un coste, naturalmente, pero mejorar la calidad de la Educación Infantil exige inversión. Utilizar el riesgo de perder plazas para frenar la reducción de ratios convierte una decisión presupuestaria en una supuesta imposibilidad técnica. La evolución de la educación inclusiva plantea algo parecido. En 1985 hablábamos sobre todo de integración y de educación compensatoria. Desde entonces hemos aprendido que escolarizar al alumnado en un centro ordinario no garantiza por sí solo que pueda participar y aprender en buenas condiciones. La educación inclusiva exige identificar y eliminar barreras para el aprendizaje, pero necesita recursos concretos. Los centros deben contar con el profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje que corresponda a las necesidades de su alumnado, una orientación reforzada y, cuando sea necesario, personal educador de educación especial, fisioterapeutas y profesionales de apoyo socioeducativo. También hay que reforzar la tutoría, extender la codocencia y los apoyos dentro del aula ordinaria, estabilizar los equipos y disponer de tiempo para coordinarse con las familias y con otros servicios. Cada gobierno debe ser juzgado por las decisiones que adopta desde la situación que recibe. El PP lleva más de tres años gobernando y ya no puede utilizar la herencia como explicación permanente. Los problemas que mantiene, las prioridades que elige y los conflictos que crea o no es capaz de resolver son también su responsabilidad. Cuatro décadas después sabemos mejor qué significa avanzar en educación. Significa aumentar los recursos cuando se piden más responsabilidades a los centros, reducir ratios sin perder plazas, garantizar los especialistas que hacen posible la educación inclusiva, reforzar la escuela pública y confiar en el profesorado. La huelga indefinida se suspendió en junio, pero no se ha desconvocado. Para que pueda desconvocarse, la Conselleria deberá recuperar la confianza del profesorado. Eso exige avances claros y verificables en ratios, plantillas, retribuciones y condiciones laborales, recursos para avanzar hacia una verdadera educación inclusiva, reducción de la burocracia e infraestructuras adecuadas. Exige también eliminar de la norma el encargo de vigilancia ideológica atribuido a la Inspección de educación. La confianza no se recupera con juegos de cifras, presentando como nuevas medidas que ya existían o multiplicando anuncios. Se recupera con acuerdos, calendarios, presupuesto y cumplimiento. Un Gobierno que mantiene recursos insuficientes y sitúa a quienes enseñan bajo sospecha no está avanzando. El comienzo del curso permitirá comprobarlo en cada centro. Miguel Soler es secretario de Educación del PSPV-PSOE.