¿Por qué decirle no a la guardia municipal o cuerpos armados municipales?

Abrir la posibilidad de crear más de 1,500 organizaciones armadas dependientes de municipalidades provinciales, distritales y gobiernos regionales sería, desde mi punto de vista, una decisión sumamente riesgosa para la institucionalidad y la seguridad del país. Podría conducir a una progresiva fragmentación de la autoridad, afectar la organización del Estado y generar serias dificultades para el adecuado funcionamiento de la administración de justicia. Debe tenerse presente que el debido proceso en materia de seguridad y justicia no comienza recién en el Ministerio Público o en el Poder Judicial, sino desde la intervención policial. La actuación de la PNP constituye el primer eslabón de una cadena en la que participan los demás operadores de justicia reconocidos por la Constitución Política y las leyes. Por ello, fragmentar la función policial entre numerosas organizaciones con diferentes dependencias políticas y administrativas podría afectar la unidad de criterios, los protocolos de actuación, la cadena de mando y la coordinación interinstitucional. La pregunta resulta inevitable: ¿Qué ocurriría cuando las municipalidades provinciales y distritales, así como los gobiernos regionales, cuenten con sus propios cuerpos armados, considerando que poseen autonomía política, administrativa y económica dentro del marco constitucional? ¿Qué sucedería, además, en territorios donde existe presencia del tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, organizaciones criminales o determinadas formas de organización comunal y rondas campesinas? No parece razonable pensar que multiplicar los centros con capacidad coercitiva vaya a producir automáticamente mayor seguridad. Por el contrario, podría generar superposición de funciones, conflictos de competencia, diferentes cadenas de mando, dificultades de coordinación y, en escenarios extremos, una peligrosa dispersión del monopolio legítimo de la fuerza que corresponde al Estado. También debe plantearse qué posición ocuparía el presidente de la República como máxima autoridad del Estado en materia de defensa y seguridad, y cómo se articularía su conducción de las FF. AA. y PNP con múltiples organizaciones armadas dependientes de autoridades subnacionales con intereses y responsabilidades políticas propias. Existe, además, una cuestión fundamental de responsabilidad. ¿Estarían los alcaldes y gobernadores regionales preparados para asumir las responsabilidades administrativas, civiles y eventualmente penales derivadas de las actuaciones indebidas de una organización policial o armada que se encuentre bajo su dirección o dependencia? No basta con transferir atribuciones; también habría que determinar con absoluta claridad quién responde por los excesos, abusos de autoridad, uso indebido de la fuerza, corrupción o violaciones de derechos fundamentales que pudieran producirse. La seguridad ciudadana no puede abordarse únicamente desde la perspectiva de quién posee más capacidad coercitiva. Requiere instituciones profesionales, controles efectivos, una cadena de mando clara, mecanismos de supervisión, coordinación entre los operadores de justicia y reglas uniformes para todo el territorio nacional. Asimismo, considero necesario tener cuidado con la comparación internacional. No se puede trasladar mecánicamente un modelo de organización policial de otro país sin considerar su Constitución, su estructura territorial, su distribución de competencias y su historia institucional. El Perú tiene una organización política territorial unitaria, con un Gobierno nacional y gobiernos regionales y locales dotados de las autonomías y competencias que establece la Carta Magna, pero que no constituyen Estados soberanos o asociados. Por ello, importar modelos propios de sistemas federales o de estructuras territoriales profundamente descentralizadas sin realizar previamente un análisis constitucional, jurídico, operativo y de seguridad nacional podría generar consecuencias no previstas. En definitiva, más que fortalecer la seguridad ciudadana, la creación indiscriminada de cuerpos policiales o armados dependientes de gobiernos subnacionales podría terminar debilitando la autoridad del Estado, fragmentando la conducción de la seguridad y complicando la administración de justicia. Una reforma de esta magnitud no debería responder a intereses políticos coyunturales, aspiraciones personales de poder ni a la simple reproducción de modelos extranjeros. Debe responder a una evaluación seria de lo que necesita el Perú para garantizar seguridad, autoridad democrática, respeto de los derechos fundamentales y una convivencia pacífica. El debate, por tanto, no debería centrarse en quién obtiene mayor poder coercitivo, sino en cómo fortalecemos las instituciones existentes, mejoramos la PNP, articulamos eficazmente a todos los operadores de justicia y garantizamos que el Estado mantenga una conducción coherente y responsable de la seguridad en todo el territorio nacional. Por José Manuel Tisoc Lindley *General PNP (r) Mira más contenidos en Facebook, X, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok y en nuestros canales de difusión de WhatsApp y de Telegram para recibir las noticias del momento.