Radares necesarios para la prevención

La fisonomía de la ciudad de Villa Allende, en el área metropolitana norte de la Capital provincial, ha cambiado en los últimos años. Y la avenida Padre Lucchese es el reflejo más claro de este crecimiento. Esta arteria clave, que conecta el centro de la ciudad con populosos barrios en expansión, como San Isidro y Chacras de la Villa –los cuales albergan cientos de hogares–, se ha convertido en una vía de acceso urbano sumamente transitada, por la que circulan todos los días unos 15 mil vehículos. Sin embargo, la necesaria duplicación de su calzada trajo consigo un efecto colateral preocupante: un incremento desmedido en la velocidad de los conductores. En lo que va del año, ya se registraron 40 siniestros viales en este corredor, una cifra inaceptable que exige la toma de medidas urgentes antes de que tengamos que lamentar tragedias aún mayores en la comunidad. Ante este panorama complejo, la decisión de la Municipalidad de Villa Allende de implementar controles mediante radares móviles surge como una herramienta indispensable. No se puede tolerar que se detecten vehículos transitando a 120 kilómetros por hora al cruzar una rotonda, un acto de total imprudencia que multiplica el peligro y la gravedad de cualquier colisión. No obstante, el éxito de esta iniciativa no dependerá sólo de la tecnología de los cinemómetros o de la posterior automatización de las multas que comenzarán a aplicarse de forma efectiva a mediados de septiembre. El verdadero cambio debe originarse en la mente y el comportamiento de cada persona que se sienta detrás de un volante. La seguridad vial no se garantiza con sanciones económicas ni con la notificación automática de infracciones a través de plataformas digitales o notificadores municipales. Los conductores deben asumir la responsabilidad individual y ser conscientes del riesgo que implica circular a altas velocidades en una traza urbana donde la densidad habitacional sigue en aumento. Esto pone de manifiesto la imperiosa necesidad de diseñar y ejecutar campañas de concientización sostenidas y profundas, acompañadas de una sólida educación vial. El Estado local tiene el deber de educar antes que castigar, capacitando a los automovilistas para que comprendan y respeten los límites de velocidad permitidos, que varían entre 40 y 80 kilómetros por hora según el tramo de la avenida. Por último, resulta fundamental advertir que estos nuevos radares rotativos deben conservar su fin preventivo y disuasorio. Bajo ninguna circunstancia la fiscalización del tránsito debe transformarse en un mero recurso para engrosar las arcas municipales mediante la recaudación de multas.