Un amplio debate se ha abierto luego del discurso del presidente De la Espriella entre bolsas plásticas que contenían los cuerpos de integrantes de grupos ilegales dados de baja por la fuerza pública. Muchos coincidimos en que los ciudadanos no podemos aplaudir que el Estado que nos representa a todos caiga en repertorios de degradación.
Empiezo por decir que sobra completamente la espectacularización y el performance de la presentación de las bajas producidas a los grupos ilegales en las redes sociales del presidente De la Espriella, quien busca causar un efecto digital similar al de Bukele en El Salvador. Pero entre un gobierno que actúa contra la ilegalidad y otro que los denomina 'gestores de paz' y sube a sus cabecillas a las tarimas con el presidente, me quedo con la decisión del que sí protege a la ciudadanía y ataca al crimen. Es increíble y deja muchas preguntas el hecho de que en tres semanas en el poder el gobierno haya logrado poner fin a la carrera criminal de varios jefes de la ilegalidad mientras que durante el cuatrienio pasado dominaron en departamentos enteros sin enfrentar represalias.
Los colombianos no podemos olvidar del desastre del que venimos del periodo anterior. Cualquier análisis que hagamos sobre cualquier campo, desde la salud hasta las finanzas públicas y la seguridad, debe tener en cuenta el gobierno del que venimos y todo lo que desprotegió. El pasado sábado, el expresidente Petro publicó un mensaje reclamando a la fuerza pública por haber dado de baja al jefe criminal 'Bendito menor' en vez de haberlo capturado en pleno combate. De salir a defender a un jefe del narcotráfico no se vuelve. Con toda la razón le respondió la exgobernadora del Valle, Clara Roldán: 'Nunca logré entender su extraña benevolencia y empatía con los criminales. Tampoco logré entender cómo en cerca de 60 ataques terroristas a Jamundí durante su gobierno, a usted nunca lo vi acompañando el entierro de un soldado'.
Es desconcertante que desde la orilla del expresidente Petro se demanden condiciones casi imposibles a la fuerza pública, que de entrada enfrenta riesgos enormes al combatir a la cada vez más sofisticada ilegalidad. El país no puede olvidar que criminales como estos son los que extorsionan, asesinan, roban y negocian con economías ilegales que destruyen al país, y que si bien nadie pone en duda sus derechos, la fuerza pública debe enfrentarlos con total contundencia y con la fuerza de la ley. Luego de cuatro años en que muchos de estos jefes del crimen fueron denominados 'gestores de paz', las órdenes de captura se levantaron y se bajó la intensidad de las operaciones, los colombianos pedimos con urgencia que se actúe contra quienes tienen en jaque al país.
Los colombianos tenemos que hablar especialmente de la nueva cultura mafiosa en la era de las redes sociales, mientras vemos a decenas de seguidores de estos criminales manifestar abiertamente su desafío a la institucionalidad democrática y su simpatía con el crimen. Las autoridades colombianas deben actuar con todo el rigor de la ley contra estos nuevos 'influenciadores' de la violencia que amenazan con llevar a nuevas generaciones al terrible camino de la violencia y la ilegalidad.
Posdata: el gobierno De la Espriella ha anunciado que solo responderá entrevistas de medios de comunicación cercanos y quienes defendemos la libertad de prensa como un derecho democrático esencial debemos rechazar esto. Durante cuatro años pregunté desde este mismo espacio por qué el gobierno Petro vetó a tantos medios y maltrató a tantos periodistas colombianos –aquí debemos recordar, por ejemplo, cuando llamó a un grupo de periodistas 'muñecas de la mafia'–, hasta el punto de ser uno de los gobiernos recientes que menos entrevistas ofreció al periodismo colombiano. Hoy con la misma contundencia hay que rechazar que el nuevo gobierno separe entre medios 'amigos' y 'enemigos' y que solo quiera responder a sus cajas de resonancia. El periodismo siempre debe ser un contrapeso, esté en el poder el gobierno que sea, y celebrar el veto a medios de comunicación en el fondo es celebrar la limitación de la libertad de información y de prensa.
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