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En gran parte del territorio nacional un comerciante abre su negocio por la mañana e un día cualquiera. Antes de vender el primer producto ya sabe que tiene dos obligaciones inevitables, una está escrita en la ley y se llama impuesto en tanto que la otra no aparece en ningún código, pero puede ser más urgente, se trata de la cuota que alguien pasará a cobrarle para permitirle seguir trabajando. La primera la recauda el Estado, la segunda, el crimen.
La extorsión suele explicarse como un delito patrimonial, en el que alguien amenaza a otro y obtiene dinero a cambio de no causarle un daño. Jurídicamente, la descripción es correcta, pero se queda corta. Cuando la extorsión deja de ser ocasional y se convierte en una cuota periódica impuesta a comerciantes, transportistas, agricultores, empresarios o vecinos de una zona aparece una forma paralela de tributación. El delincuente no roba, recauda. Y quien cobra sobre un territorio, fija montos, decide quién paga, castiga al incumplido y concede protección al obediente, comienza a ejercer funciones que históricamente asociamos con el poder público. Por eso el llamado "cobro de piso" es algo más que una modalidad delictiva. Es una disputa por la soberanía cotidiana.
El Estado moderno se construyó, entre otras cosas, sobre dos grandes monopolios, el de la fuerza legítima y el de la imposición de contribuciones. Puede exigir impuestos porque, al menos en teoría, representa a la comunidad y utiliza esos recursos para sostener instituciones, servicios públicos, tribunales, policías, hospitales, escuelas y caminos. El ciudadano paga porque una estructura jurídica convierte esa obligación en parte del pacto social.
El extorsionador reproduce perversamente esa lógica. También establece una tarifa, aparece periódicamente, amenaza con una consecuencia si no se paga, ofrece una especie de "protección" que se puede resumir en "paga y nada te pasará".
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La diferencia esencial es que su autoridad no proviene de la ley, sino del miedo. Y ese miedo resulta más eficaz que el derecho. Hay lugares donde el comerciante sabe cuándo llegará quien cobra la cuota, pero no sabe cuándo llegará la policía; sabe cuánto debe pagar para evitar problemas, pero desconoce si una denuncia será atendida; conoce las consecuencias de incumplir frente al criminal, pero no confía en que el Estado pueda protegerlo después de denunciar.
El Estado conserva la soberanía formal, pues tiene territorio, constitución, policías, fiscalías, jueces y cárceles. Pero otro poder empieza a ejercer una soberanía práctica, porque decide quién puede trabajar, cuánto debe pagar, qué mercancías pueden venderse, qué rutas pueden utilizarse, quién entra y quién sale de determinados mercados. No necesita ganar elecciones, ocupar un palacio municipal y ni siquiera necesita sustituir al gobierno. Le basta con convivir con él.
Ésa quizá sea una de las transformaciones más peligrosas del crimen organizado contemporáneo. Durante mucho tiempo imaginamos al delincuente como alguien situado fuera del orden social; en cambio hoy determinadas organizaciones criminales se insertan dentro de la vida económica y administran una parte de ella.
Por eso la extorsión no solamente quita dinero, modifica la conducta. El empresario deja de invertir, el comerciante reduce horarios, el transportista cambia rutas, el agricultor abandona una cosecha, una familia cierra un negocio que había sostenido durante generaciones. La economía empieza a organizarse no según la productividad o el mercado, sino según el miedo, ese impuesto invisible.
Y como cualquier impuesto, termina impactando al precio de las cosas, porque alguien lo paga siempre, ya sea el productor, el comerciante, el trabajador o el consumidor.
Cada cuota entregada transmite un mensaje político, "aquí hay alguien capaz de imponer una obligación y otro incapaz de impedirlo". La pregunta deja de ser cuánto dinero obtiene el crimen, la pregunta real es ¿quién gobierna?
X: @jchessal
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