El precio justo que ninguna ley puede calcular

La vendimia de 2026 está poniendo a prueba una de las ideas económicamente más discutibles introducidas en los últimos años en la regulación española: que una ley pueda determinar cuándo un precio agrario es suficientemente alto. La ley de la Cadena Alimentaria establece que el precio recibido por un productor primario debe ser superior a su coste efectivo de producción. Aunque la intención sea buena, el mecanismo elegido es desastroso. El artículo 9 de la ley 12/2013, después de las reformas de 2020 y 2021, establece que el precio que perciba el productor debe ser superior al total de los costes asumidos, incluyendo semillas, fertilizantes, energía, maquinaria, amortizaciones, intereses, mano de obra asalariada e incluso la aportada por el propio productor o su familia. A ello se añade que la ley dice que cada operador debe pagar al inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste en que este haya incurrido. Es decir, la ley pretende impedir administrativamente la denominada 'destrucción de valor' en la cadena. El problema es que un coste no determina un precio. Es justamente al revés: en una economía de mercado, el precio que están dispuestos a pagar los compradores proporciona la información que permite saber qué estructuras de costes son sostenibles y cuáles no. Confundir ambas variables conduce a una lógica de planificación económica: calcular administrativamente cuánto cuesta producir algo y concluir que, por ello, alguien debe comprarlo necesariamente por encima de esa cantidad. El cava proporciona este verano un extraordinario ejemplo. El estudio encargado por el Incavi al Creda estima para 2026 un coste de producción de 0,53 euros por kg para las variedades macabeo y xarel·lo y de 0,56 euros para la parellada. Dentro de ese cálculo figuran entre 0,14 y 0,17 euros correspondientes a mano de obra familiar. Además,ante la incertidumbre sobre el rendimiento de la cosecha de 2026, el cálculo utiliza como referencia el rendimiento medio de las seis campañas comprendidas entre 2020 y 2025. Y aquí empieza el problema. ¿Es 0,53 euros el 'coste' de producir un kg de macabeo? ¿Para quién? No cuesta lo mismo producirlo en una explotación altamente mecanizada de gran dimensión que en una pequeña parcela o en secano frente a regadío. Cada explotación posee su propio esquema de producción, productividad, estructura de capital, capacidad de gestión… Convertir una estimación estadística de costes en referencia para decidir qué precio resulta económicamente admisible es confundir una herramienta informativa con un mecanismo de formación de precios. Más aún cuando aparece un exceso de oferta. Las organizaciones de viticultores han denunciado este agosto ofertas que rondarían los 0,25-0,30 euros por kilogramo en determinados compradores, muy alejadas de los 0,53-0,56 euros estimados como coste de referencia. También se han denunciado fórmulas mediante las cuales parte de la producción podría terminar percibiendo apenas 0,12 euros por kilogramo. Naturalmente, el viticultor tiene razones para considerar esos precios ruinosos. Pero ahí precisamente aparece la pregunta que la legislación no puede resolver: ¿qué sucede cuando al precio que cubre los costes no existe suficiente demanda para absorber toda la producción? Ninguna ley puede obligar a una bodega a comprar una uva que no necesita ni tampoco a un viticultor estar permanentemente produciendo a pérdida ni puede obligar al consumidor español, británico o americano a beber más cava. El problema económico real es el siguiente. La DO Cava vendió 190 millones de botellas en 2025, un 12,8% menos que en 2024. El 60% se destinó a exportación y algunos mercados fundamentales registraron fuertes caídas, como EEUU o Reino Unido. Estamos hablando, sin embargo, de un sector que sostiene 37.299 hectáreas de viñedo, unas 6.200 familias de viticultores, 330 bodegas y alrededor de 12.000 empleos directos e indirectos. Por consiguiente, no perdamos el tiempo en conseguir que una norma declare ilegal un precio de 30 céntimos, sino cómo lograr que una uva cuyo cultivo cuesta más de 50 céntimos genere suficiente valor añadido como para que alguien quiera comprarla rentablemente por encima de ese precio. La ley de la Cadena Alimentaria intenta solucionar mediante regulación contractual un problema de productividad, dimensión, diferenciación, comercialización y equilibrio entre oferta y demanda. Pretender mediante el BOE alterar las curvas de oferta y demanda es un error grave. La solución del problema actual exige actuar precisamente lo contrario. Primero y más importante, eliminar todos los excesos de oferta de uva y vino base a través de mecanismos como permitir que se pueda vender en otros países bajo condiciones distintas sin una regulación tan asfixiante como la actual o a través de una destilación de crisis en la que sí debe intervenir Ministerio y Departament. Segundo, ayudar al sector viticultor a reconvertirse mediante la concentración, profesionalización de la oferta, hacer cooperativas competitivas, firmar contratos a largo plazo, aumentar la productividad y, sobre todo, diferenciar producto. Y, en ningún caso, a través del arranque de viñas. Tercero y último, por el lado elaborador, es urgente vender más valor y no solo más botellas poniendo en valor el origen, calidad, internacionalización y marcas capaces de defender mejores precios. En definitiva, el problema del viticultor que produce uva a un coste de 50 céntimos y solo encuentra compradores a 30 no se soluciona prohibiendo los 20 céntimos. Se soluciona averiguando por qué el mercado solo está dispuesto a ofrecerlos y creando las condiciones para que esa uva valga más. El Estado puede exigir contratos, transparencia y cumplimiento de los plazos de pago y perseguir abusos derivados de posiciones dominantes o prácticas comerciales desleales. Todo ello es razonable. Lo que no puede hacer es decidir cuál debería ser el precio económicamente correcto de una mercancía a partir de los costes de quien la produce. Ese camino, llevado hasta sus últimas consecuencias, pertenece más a una economía planificada que a una economía de mercado.