Ordenar el territorio sin asfixiarlo

El nuevo Gobierno empezó a desmontar dos instrumentos heredados que merecían una revisión profunda: las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos, APPA, y los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva. La decisión ha generado críticas porque ambas figuras fueron presentadas como mecanismos para proteger objetivos legítimos: la seguridad alimentaria y la diversificación de economías dependientes de la minería. Pero una buena intención no convierte automáticamente una regulación en buena política pública. El problema de las APPA comienza por su diseño centralista. El Plan Nacional de Desarrollo permitió que el Ministerio de Agricultura declarara estas áreas y las convirtió en determinantes de superior jerarquía para el ordenamiento territorial. En la práctica, la Nación adquirió una enorme capacidad para condicionar los usos del suelo que tradicionalmente corresponde reglamentar a los municipios y sus concejos. La tensión es suficientemente seria para que la Corte Constitucional haya admitido una demanda precisamente por posible vulneración de la autonomía territorial. El Gobierno anterior justificó las APPA por la necesidad de proteger la producción de alimentos y por el rezago de muchos municipios en la actualización de sus POT. Pero de ahí no se desprende que la Nación pueda sustituir la competencia municipal. Colombia enfrenta problemas graves de acceso a los alimentos, pero no se ha demostrado que exista una crisis nacional de producción que justifique semejante reasignación de competencias. Tampoco se demostró que los municipios sean responsables de esa supuesta crisis. Hay además un problema económico. El territorio tiene usos alternativos. Agricultura, vivienda, industria, turismo, minería, infraestructura y conservación compiten por un recurso escaso: el suelo. Una buena política de ordenamiento debe gestionar esos conflictos mediante información, precios, externalidades, infraestructura, regulación ambiental y decisiones democráticas locales. No mediante una zonificación nacional rígida que decide desde Bogotá cuál actividad debe prevalecer durante años. Eso afecta la inversión. Cuando una empresa no sabe si un proyecto compatible hoy con el POT quedará mañana restringido por una nueva determinante nacional, aumenta el riesgo regulatorio. El capital exige entonces mayor rentabilidad, se aplaza o simplemente busca otro destino. Colombia necesita exactamente lo contrario: reglas claras, previsibles y proporcionales. La incertidumbre regulatoria termina paralizando proyectos sin necesariamente producir mejores resultados ambientales o sociales. Algo similar ocurrió con los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva. El Ministerio de Minas propone ahora derogar 15 delimitaciones. La razón resulta reveladora: no se formularon los Planes Estratégicos de Gestión que debían darles contenido, no hay resultados verificables en diversificación o reconversión laboral y quedaron problemas de coordinación con los instrumentos territoriales. El propio Ministerio reconoce además que pueden desincentivar inversión y afectar actividades que generan empleo, regalías e ingresos locales sin ofrecer alternativas productivas ciertas y financiadas. Diversificar regiones mineras es deseable. Proteger suelos productivos también. El error es creer que ambos objetivos requieren prohibir desde el centro. La política productiva debe reconocer que las regiones tienen vocaciones, capacidades y oportunidades diferentes. El camino correcto no es pasar de la hiperregulación al abandono. Es construir mejor regulación. Información nacional, estándares ambientales exigentes, asistencia técnica y coordinación, sí. Pero decisiones territoriales con participación local, evaluación costo-beneficio y respeto por derechos adquiridos. Desmontar instrumentos mal diseñados no significa renunciar a sus objetivos. Significa buscar mejores instrumentos para alcanzarlos. El territorio no necesita menos planeación. Necesita mejor planeación, menos centralismo y reglas que permitan proteger, producir e invertir al mismo tiempo. Daniel Gómez Gaviria