Hay un juego infantil –'¿Dónde está Wally?'– en el que un personaje de gorro rojo se esconde en una multitud abigarrada, y el lector pasa páginas enteras buscándolo entre cientos de rostros parecidos. La discusión sobre evasores se le parece bastante. Cada año, cuando el ministro de Economía sustenta el presupuesto ante el Congreso, alguien pregunta dónde está el dinero que falta. Y cada año lo buscamos donde hay más luz, no donde en verdad se esconde.
Esta vez fue Elmer Cuba quien puso el dedo en la llaga: el incumplimiento del IGV y del Impuesto a la Renta de tercera categoría equivale al 9% del PBI, muy por encima del 6,7% que América Latina promedia. Somos –lo dijo el propio ministro– el país que más crece en la región y de los que menos recaudan. La paradoja incomoda: mientras el Perú presume dinamismo, deja de cobrar casi diez de cada cien soles que produce.
¿Quién es, entonces, el evasor? No es el ambulante ni el microempresario que la retórica populista suele señalar; la gran mayoría de ellos está exonerada por la regla de las siete UIT. El evasor, describió Cuba, es más bien una empresa mediana que compra facturas falsas, un servicio que hoy se ofrece hasta por TikTok. No se esconde en la miseria: se esconde en la formalidad a medias. Así, el forado bordea el 10% del PBI, una cifra que ninguna exoneración iguala.
Y, sin embargo, el debate mira hacia otro lado. Los reflectores del Congreso suelen apuntar al gasto tributario: las exoneraciones, inafectaciones y devoluciones que el próximo año sumarán S/27.697 millones, apenas 2,04% del PBI y con tres cuartas partes concentradas en el IGV. Discutimos con pasión un agujero cuatro veces menor que el otro. Es más cómodo, claro: las exoneraciones tienen nombre, monto y fila en un cuadro de la Sunat. El evasor no figura en cuadro alguno.
Revisar el gasto tributario es razonable. La exoneración del IGV a los productos agrícolas concentra 16,2% del total; la de la Amazonía se lleva 14,4%; y en la lista asoman beneficios a restaurantes y peluquerías que a nadie sonrojaría recortar. Pablo del Águila, de Apoyo Consultoría, lo plantea sin rodeos: si el esfuerzo fiscal es limitado, conviene ir donde hay más por recaudar.
Pero ese es justamente el punto. Perseguimos exoneraciones no porque sean el mayor problema, sino porque son las más visibles, y las más fáciles de vestir de cruzada moral contra el privilegio. El evasor real exige otra cosa: rediseñar un sistema tributario concebido en los noventa que, con el RUS y el RER, premió la informalidad y nunca incorporó nuevos contribuyentes. Exige, también, una Sunat que no se pierda en la forma y descuide el fondo. Por ejemplo, litigue contra sus propios criterios (el absurdo de ir en contra de sus informes institucionales), lleve al Poder Judicial al Tribunal Fiscal (última instancia administrativa), o pida pruebas formales de si una máquina (instalada y operando hace años) cuenta con su factura o una guía de remisión que está en regla.
El gorro rojo, mientras tanto, sigue en la página. Lo señalamos con el dedo equivocado porque el correcto da más trabajo. Y así el país fiscaliza lo que ya está en el cuadro y perdona, sin decirlo, a quien nunca aparece en él.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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