Colombia ya recorrió ese camino

Inicia la Semana por la Paz #39 en medio de una nueva escalada de violencia. El contrasentido resulta difícil de ignorar. Mientras organizaciones sociales, comunidades, iglesias, instituciones y ciudadanos vuelven a elevar la bandera de la paz, el país escucha alocuciones que reducen la seguridad a la fuerza y convierten cada hecho violento en una oportunidad para culpar al antagonista político. Mientras unos y otros se disputan el relato, en los territorios la violencia no se detiene ni espera a que termine la discusión política. Allí están las comunidades amenazadas, los campesinos y gobernantes sometidos por los grupos armados, los líderes y lideresas asesinados, los menores en riesgo de reclutamiento y las familias que viven con el miedo de ser expulsadas de sus territorios. El Estado tiene la obligación constitucional de proteger a los ciudadanos y garantizar el orden público. Pero aceptar esa obligación no significa admitir que la seguridad pueda convertirse en una competición para ver quién presenta la respuesta más dura. Colombia ya recorrió ese camino durante décadas y conoce suficientemente sus resultados. Hay, además, algo todavía más grave que debería obligarnos a mirar de frente lo que estamos haciendo como sociedad. La guerra empieza a producir escenas que no pueden normalizarse. Cadáveres exhibidos como trofeos para demostrar quién ganó y quién perdió. Cuando un cuerpo humano deja de representar una vida y se convierte en un premio, la guerra no solamente ha destruido a una persona. También empieza a destruir nuestra capacidad de reconocer la dignidad del otro. Y ahí surge una pregunta todavía más dolorosa. ¿Qué significa hablar de seguridad cuando entre las víctimas de las operaciones militares hay niños, NIÑAS y adolescentes que fueron previamente reclutados de manera forzada por grupos armados? Un menor reclutado no deja de ser víctima porque haya sido obligado a portar un arma. No puede volverse en un simple número dentro de un balance operacional ni ser reducido a la categoría de combatiente para justificar retrospectivamente su muerte. El reclutamiento forzado de menores es una de las expresiones más crueles de la violencia y obliga al Estado a extremar las medidas de protección. De igual manera, la muerte de adolescentes en bombardeos contra campamentos de grupos armados debería generar una reflexión nacional sobre los límites de la guerra y sobre la responsabilidad del Estado de verificar, con el máximo rigor, quiénes pueden encontrarse en los lugares donde se desarrollan operaciones militares. Los grupos armados que reclutan a menores tienen una responsabilidad criminal e ineludible. Son ellos quienes convierten a niños, NIÑAS y adolescentes en instrumentos de guerra. El Estado, como expresión de la institucionalidad, tiene la obligación de actuar de acuerdo con la Constitución y el derecho internacional humanitario. Su respuesta no puede perder de vista que detrás de un menor vinculado a un grupo armado existe primero una víctima de reclutamiento y que, antes de llegar a ese punto, hay una historia marcada por el abandono, la exclusión, la pobreza y la ausencia de oportunidades. La fuerza puede ser necesaria para enfrentar a quienes asesinan, extorsionan, secuestran o reclutan menores. Pero la fuerza, por sí sola, no construye Estado ni recupera la confianza de las comunidades. Cuando una operación militar termina y el Estado vuelve a desaparecer, el territorio queda nuevamente disponible para quienes tienen las armas, el dinero y la capacidad de imponer sus propias reglas. Por eso resulta preocupante que la violencia se haya convertido en el centro de una disputa política reducida a dos simplificaciones peligrosas. Una sostiene que todo puede resolverse mediante la negociación, sin avanzar en las transformaciones que exigen los territorios. La otra afirma que todo se resuelve con la fuerza militar, sin modificar las condiciones que alimentan el conflicto. Ninguna de las dos posiciones parece reconocer la complejidad de un país donde la violencia tiene causas económicas, sociales, territoriales y políticas. La paz no puede ser una palabra prohibida cada vez que aumenta la violencia. Colombia necesita seguir construyendo una política de Estado permanente que combine seguridad, justicia, inversión social y presencia institucional. La Semana por la Paz #39 debería servir para recordar que la paz consiste en construir las condiciones para que ninguna organización armada pueda sustituir al Estado y para que ningún ciudadano tenga que escoger entre obedecer al fusil o abandonar su territorio. Nota recomendada: Podcast: ¿Por qué las emisoras de paz estorban a Abelardo De La Espriella? En medio de esta reflexión aparece otra fecha que no debería pasar inadvertida. El 9 de septiembre Colombia conmemora el Día Nacional de los Derechos Humanos. La coincidencia tiene un enorme significado político. Fecha para recordar que los derechos humanos pertenecen a todos, todas y todes. Y precisamente por eso deben defenderse cuando quien los vulnera es un grupo armado ilegal, pero también cuando cualquier autoridad estatal se aparta de dicho mandato. La paz no es ingenuidad, ni la seguridad una excusa para negar derechos. El Estado debe ser firme frente a quienes utilizan las armas para someter a la población, pero esa firmeza debe estar acompañada de justicia, oportunidades y presencia institucional. Después de casi cuatro décadas de Semana por la Paz, Colombia debería haber aprendido que la paz no se abandona cada vez que aparecen las dificultades y que mientras sigamos respondiendo a la violencia únicamente con más violencia, se podrán ganar batallas, pero difícilmente construiremos la paz. Luis Emil Sanabria Durán