Y la corrupción sigue

Vimos en el segundo informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum varias menciones a la honradez, a la honestidad y a la necesidad de ser honrado. Estamos a ocho años de la payasada del pañuelo blanco y el fin de la corrupción del modelo neoliberal, y de nuevo sigue siendo tema central en este país. Tan es así que ahora se anuncia que se van a presentar nuevas iniciativas para cerrar el paso a la corrupción y la impunidad, dando más herramientas a las autoridades encargadas de combatir este flagelo. Qué bueno que se intenta avanzar en la mejora de los instrumentos de combate, pero subsiste la gran pregunta de si con las leyes y reglamentos que tenemos hoy no se hubiera podido avanzar mejor y combatir con mayor eficiencia. Creo que nadie duda de la honorabilidad de la Presidenta, pero este no es el tema; la cuestión central es si el gobierno está dispuesto a atacar de raíz o tan solo a aparentar que lo hace, mientras las cosas siguen igual, aunque, como estamos viendo, van para peor. Casi no hay día en que algún funcionario público, incluso de alto nivel, no se vea involucrado en hechos que piden ser calificados como corruptos y que han salido a la luz no como efecto de las investigaciones de la secretaría encargada de ello o de la Fiscalía General de la República, sino de periodistas o simplemente de ciudadanos que los dan a conocer por las redes sociales. Criticaron tanto a los gobiernos neoliberales por su corrupción y afirmaron que esta Cuarta Transformación sería diferente, y ocho años después se enfrentan a que, cuando mucho, son casi iguales, y en algunos casos superan a los anteriores. Claro que se ha sancionado a decenas de servidores públicos, la gran mayoría de ellos de niveles inferiores, pero cuando las denuncias llegan a los altos niveles, la situación se tuerce y no se avanza o, si se hace, es con una gran lentitud. El enriquecimiento ilícito es lo que ha permitido a altos funcionarios convertirse de pronto en dueños de mansiones o departamentos, cuando sus declaraciones patrimoniales (si se pueden consultar), indican que es imposible que hayan adquirido dichos bienes con sus ingresos, y sí, en cambio, con los cargos que han tenido, que en muchos casos permiten obtener beneficios ilícitos. En este tema están involucrados gobernadores y gobernadoras, presidentes de partido y altos funcionarios que, en algunos casos, tratan de aclararlo con pobres resultados. Pero hay un argumento que creo ha sido fundamental en el crecimiento de la corrupción en estos ocho años, y es el que se ha utilizado cada día más en las adquisiciones y obras públicas: el denominado 'seguridad nacional'. No recuerdo que en los regímenes neoliberales se utilizara, o se hiciera, con tanta frecuencia como se ha hecho ahora, lo cual ha permitido una gran corrupción, como poco a poco empieza a salir a la luz. Creo que la mayoría de las personas entiende que, por ejemplo, la adquisición de armamento o la construcción de penales, etcétera, son asuntos de seguridad nacional, y no hay problema con ello. Pero de ahí a que la construcción del Tren Maya, de la refinería Dos Bocas, del Tren Interoceánico y varias de las megaobras fallidas se hayan declarado, en muchas de sus inversiones, de seguridad nacional, impidiendo conocer cómo se realizaron, creo que simplemente es permitir la corrupción. Si en verdad Morena quiere demostrar que no permite hechos ilícitos, varios de sus gobernadores, alcaldes, miembros del Congreso e incluso secretarios deberían renunciar, o debería pedírseles la renuncia con base en lo que se ha publicado, más allá de los chismes. El ejemplo de la Presidenta no es suficiente para acallar y cubrir todo lo que está pasando en esta materia, y al final, si no se actúa con firmeza y decisión, afectará a su gobierno.