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Editorial El Deber

La verdad no puede prescribir

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El tiempo avanza inexorablemente, pero no debería convertirse en aliado del olvido. Mientras transcurren los días, las semanas y los meses desde los luctuosos hechos ocurridos en Santa Cruz de la Sierra, el llamado caso Cerimedo continúa rodeado de preguntas que reclaman respuestas, de denuncias de extrema gravedad y de una inquietante sensación de que demasiados cabos permanecen sueltos. En una democracia seria, ningún escándalo de semejante magnitud puede quedar sepultado bajo el ruido de la coyuntura. Mucho menos cuando las denuncias formuladas públicamente alcanzan, directa o indirectamente, al propio presidente del Estado y a personas de su entorno familiar más cercano. Precisamente por la investidura de los involucrados, el esclarecimiento debe ser todavía más riguroso, transparente e independiente. Aquí no se trata de condenar anticipadamente a nadie. Se trata, exactamente al contrario, de impedir que la falta de respuestas termine funcionando como una forma de impunidad. Una denuncia no constituye una sentencia, pero tampoco puede ser despachada con silencios, evasivas o descalificaciones. Allí donde existen indicios, testimonios, documentos o elementos que ameriten investigación, corresponde investigar. Y allí donde las acusaciones resulten infundadas, corresponde demostrarlo con la misma contundencia. La sociedad tiene derecho a saber qué ocurrió, quiénes participaron, qué intereses estuvieron en juego y, sobre todo, si detrás de los hechos existió una estructura de poder capaz de influir, encubrir, manipular o desviar una investigación. Esas preguntas no pertenecen a un partido político ni a una corriente ideológica. Pertenecen al conjunto de los ciudadanos. También sería un grave error convertir este caso en una disputa de trincheras. La verdad no puede depender de quién resulte beneficiado o perjudicado políticamente. Si existen responsabilidades, deben establecerse con pruebas y conforme a la ley. Si no existen, quienes fueron señalados tienen pleno derecho a que esa conclusión quede igualmente acreditada. Lo que no resulta aceptable es una zona gris permanente en la que las sospechas se acumulen mientras las respuestas se diluyen. Las instituciones tienen, por tanto, una responsabilidad histórica. El Ministerio Público, los órganos jurisdiccionales y todas las instancias llamadas a investigar deben actuar con independencia, profesionalismo y transparencia. La ciudadanía no necesita espectáculos ni operaciones mediáticas. Requiere, en cambio, expedientes sólidos, pruebas verificables, peritajes serios y decisiones fundamentadas. Porque cuando un caso de esta naturaleza involucra presuntamente a personas situadas en las más altas esferas del poder, la obligación de esclarecerlo no disminuye. Por el contrario, aumenta. Y cuanto mayor sea la jerarquía de los posibles involucrados, mayor debe ser la distancia entre la investigación y cualquier presión política. Hay algo todavía más importante. Una democracia no se deteriora únicamente cuando se comete un delito; también se debilita cuando los ciudadanos comienzan a creer que determinados nombres, cargos o vínculos familiares pueden colocarse por encima de la investigación y de la justicia. Por eso, el caso Cerimedo no debería resolverse mediante el cansancio de la opinión pública. No debería morir por inanición informativa ni desaparecer bajo nuevas controversias. La memoria de los hechos ocurridos en Santa Cruz exige algo mucho más elemental como la verdad, la justicia y la rendición de cuentas. El tiempo puede borrar titulares, pero no borra responsabilidades. Tampoco transforma una pregunta legítima en una pregunta inconveniente. La luz de la verdad debe proyectarse sobre cada denuncia, cada documento, cada testimonio y cada decisión adoptada. Si hay culpables, que respondan ante la justicia. Si las acusaciones son falsas, que se establezca claramente su falsedad. Y si hubo encubrimientos, omisiones o abusos de poder, que también sean investigados. Lo verdaderamente peligroso para una sociedad no es conocer una verdad incómoda. Lo peligroso es acostumbrarse a vivir sin conocerla.
La verdad no puede prescribir
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