La sequía mundial aumenta y los acuerdos entre los gobiernos se postergan

Como di cuenta el lunes anterior, luego de dos semanas de deliberaciones terminó el viernes 28 de agosto en Ulán Bator, Mongolia, la 17 Conferencia de las Partes (COP17) sobre desertificación. Y, nuevamente, como hace dos años en Riad, Arabia Saudita, sin lograr un acuerdo global para dedicar recursos monetarios y acciones efectivas y coordinadas para luchar contra la sequía. Decidieron aplazar dicho acuerdo para la COP18, que tendrá lugar en 2028 en El Cairo, Egipto. Será hasta entonces que adopten una estrategia para luchar activamente en el mundo contra este fenómeno. El único logro que los organizadores destacaron fue movilizar hasta mil 300 millones de dólares en financiación. Esa suma se concentra en la iniciativa 'Insignia de pastizales', la mayor movilización de fondos para este tipo de ecosistemas en la historia de la convención. Y coincide con el Año Internacional de los Pastizales y los Pastores, el cual fue una propuesta del país anfitrión. El fracaso, que se quiso disimular con el logro anterior, ocurre mientras crece la preocupación por la sequía mundial, que aumentó 30 por ciento este siglo. Y como se incrementa año con año, en 2050 afectará a tres de cada cuatro personas en el mundo. La burocracia y los optimistas de siempre en este tipo de conferencias afirman que sí hubo otros dos avances. Uno de ellos es el Fondo de Inversión para la Resiliencia de la Sequía, el cual movilizará 400 millones de dólares de capital privado para financiar proyectos que estudien sus efectos en 23 países. Y el otro, la segunda fase del Observatorio Internacional de Resiliencia a la Sequía (IDRO, por sus siglas en inglés), una plataforma que ayuda a los países a evaluar su nivel de preparación e identificar vulnerabilidades. Sobre lo anterior, Jahan Chowdhury, del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), sostiene que se tienen las soluciones técnicas más viables y efectivas para controlar la desertificación y prevenir y/o revertir la sequía, pero faltan los recursos financieros. Y en muy buena parte los provenientes del sector privado (bancos multilaterales de desarrollo, instituciones financieras, fondos de pensiones...). Sostiene que dicho sector tiene una gran responsabilidad en lo que el mundo padece ahora por los dos fenómenos mencionados. A su opinión se suma la del ministro mongol de Medio Ambiente y Cambio Climático, Tsend Sandag-Ochir. Éste calcula en unos 355 mil millones de dólares las inversiones necesarias que deben realizarse cada año en el mundo para enfrentar la degradación de las tierras, la desertificación y la creciente sequía. Hoy, asegura el ministro mongol, apenas se disponen de 77 mil millones. En cuanto a México, 57 por ciento de su territorio presenta algún grado de degradación del suelo. Ello incide de manera notable en la producción de alimentos, la calidad de vida de la población rural y en la de los ecosistemas. La situación se ha agravado en años recientes debido al cambio climático y a la sobrexplotación y/o pésimo uso de los recursos naturales. La Comisión Nacional de Zonas Áridas (Conaza), institución establecida por el gobierno federal en 1970, con sede en Saltillo, tenía como misión la planeación y el desarrollo sustentable de las regiones áridas y semiáridas del país. Tuvo mucha actividad en los sexenios de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo. Fue languideciendo y hace un año se decretó su desaparición. La kafkiana justificación: no era conveniente para la economía nacional, al ser desectorizada de la entonces Secretaría de Desarrollo Social. Además, que no realizaba programas propios, sino los de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). También se justificó su desaparición por no ser efectiva para cumplir con su misión por cambios en las políticas públicas, las cuales redujeron su estructura y acciones. Y porque 'perdió la estructura agroindustrial con la que contaba'. Ahora las tareas de la Conaza las realizarán las unidades administrativas de la Sader, 'reasignando los recursos eficientemente, generando ahorros presupuestales y simplificando la administración pública'. El gobierno federal tiene otros programas para evitar la desertificación. Sin embargo, no hay evaluaciones que muestren que estén logrando su objetivo. Mientras, todo indica que continúa la degradación de los suelos, algo nada alentador.