Las cifras del poder

Un Gobierno puede explicar su proyecto político en discursos, programas y entrevistas. Existe, no obstante, un documento menos retórico: el presupuesto. Allí las prioridades dejan de ser promesas y adquieren la forma concreta de una cifra. El proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 asciende a $634,9 billones. La magnitud impresiona, pero plantea una pregunta más profunda: ¿cuánto de ese dinero puede realmente decidir el nuevo Gobierno? La respuesta obliga a mirar la estructura del Estado. De ese monto, $392,5 billones corresponden a funcionamiento, $155,4 billones al servicio de la deuda y $86,9 billones a inversión. Una parte considerable del presupuesto llega comprometida antes de que el gobernante pueda convertir sus prioridades políticas en decisiones concretas. La deuda, por tanto, no es solamente un problema contable. También es una restricción política. Cada peso destinado a obligaciones financieras es un peso que no puede orientarse libremente hacia nuevas políticas públicas. Sería injusto atribuir esta situación exclusivamente al Gobierno actual. La deuda es acumulativa. Es la memoria financiera de decisiones tomadas durante distintos períodos y bajo gobiernos de diferentes orientaciones. Aquí aparece una distinción esencial: una cosa es el Estado que un Gobierno quisiera construir y otra el Estado que las condiciones fiscales le permiten transformar. También conviene mirar qué permanece. Educación, salud, pensiones y protección social concentran recursos que no pueden modificarse como simples partidas administrativas. Existen derechos, obligaciones constitucionales, leyes y compromisos institucionales que sobreviven a los cambios electorales. Por eso reducir el gasto no significa necesariamente reducir el Estado. Puede significar modificar la manera como interviene. Esa diferencia será determinante para interpretar el nuevo presupuesto. Si disminuyen recursos en determinados sectores, habrá que establecer si existe abandono de funciones o una redefinición de las responsabilidades públicas. No es lo mismo retirar al Estado que cambiar su forma de actuar. La seguridad ofrece otra señal. El nuevo Gobierno ha construido buena parte de su identidad política alrededor de la autoridad y la recuperación del control territorial. El presupuesto permitirá comprobar si esa prioridad se traduce en capacidades permanentes de Defensa, Policía, inteligencia y justicia. Pero la seguridad no termina con la presencia de uniformados. Un territorio se recupera realmente cuando junto a la fuerza legítima aparecen escuelas, hospitales, justicia, infraestructura, empleo y administración pública. La fuerza puede recuperar un territorio; la institucionalidad debe hacerlo habitable. Ahí estará una de las grandes pruebas del nuevo Gobierno. Porque el presupuesto nacional se aprueba en Bogotá, pero sus resultados se juegan en Nariño, Tolima, Cauca, Chocó, Catatumbo, la Amazonía y en cada municipio donde el ciudadano espera que una apropiación presupuestal termine convertida en una carretera, un hospital, una escuela, seguridad o justicia. Colombia cambió de Gobierno. El Estado no cambió de la noche a la mañana. El nuevo mandatario recibió una estructura construida durante décadas. Puede transformarla, pero no partir de cero. Por eso el debate más importante no consiste en saber cuánto gastará el Estado. Consiste en descubrir cuánto de ese gasto puede realmente decidir el Gobierno y qué sociedad pretende construir con ese margen de decisión. El presupuesto apenas comienza a responderlo.