Secuestro en Trujillo: urge protocolo presidencial de información

La Constitución del Perú de 1993, pese a haber sido tijereteada o, si prefieren el término, modificada por el anterior Congreso para regular el cambio de unicameral a bicameral, con todo, aún continúa siendo presidencialista, por la sencilla razón: el presidente de la República es el jefe de Estado y jefe de Gobierno. De ahí la importancia que revisten para la Nación los anuncios o declaraciones que, en este caso, haga la mandataria Keiko Fujimori; su versión será la oficial, por encima de cualquier otra del Ejecutivo, trascendido o noticia en desarrollo, claro está, sujeta a verificación, lo que es propio de las democracias. Sin embargo, los cruentos asesinatos de cuatro personas que acompañaban a un empresario, secuestrado y en horas liberado por sus captores, donde inicialmente altos funcionarios del Estado, entre ellos el ministro de Defensa y la misma presidenta, dejaron entrever que la Policía Nacional había hecho posible tal liberación, quedaron descolocados por la propia familia del empresario, que refirió tajantemente que la Policía nada tuvo que ver en el asunto y que, al contrario, esta no les había ayudado en nada, según dio cuenta la prensa. En estos hechos luctuosos hay mucho pan por rebanar; las idas y venidas del tratamiento de la información han sido para llorar o, si se quiere, indignar, porque, en mi opinión, se ha dejado un aura de pretender presentarlo como una victoria del Gobierno, al menos en el extremo de la liberación del cautivo. La jefa de Estado en este desaguisado pareciera haberse comprado la versión de sus ministros, pese a que la prensa de investigación ha ido destapando reveladoras situaciones sobre el caso que contradicen las versiones oficialistas. Y esto requiere de una necesaria reflexión: esta administración recién se inicia y sería peligroso que la presidenta Fujimori solo vea por los ojos de sus ministros, sea mal informada por el propio aparato estatal, corriendo el riesgo de equivocarse repetidamente, convencida de hacer lo correcto. Por eso, estimo, la mandataria debiera apelar a una suerte de segunda fuente en materia de información presidencial, de información cruzada que provenga del servicio de inteligencia, del Ministerio Público, de la PCM, también, claro, de la Policía Nacional, de Defensa y hasta de la prensa de investigación, de ser el caso, sobre todo tratándose de asuntos críticos. Las contradicciones de la prensa respecto a las versiones oficialistas traerán costo político; urge, por tanto, implementar un protocolo presidencial de información. Ningún dato sensible debe llegar a la presidenta como hecho confirmado si todavía es una hipótesis. Aquello de 'muerto el perro, muerta la rabia' ha sido de las frases menos felices en el caso Trujillo. No debe repetirse. Mira más contenidos en Facebook, X, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok y en nuestros canales de difusión de WhatsApp y de Telegram para recibir las noticias del momento.