América Latina y el Caribe, atrapada entre desastres y bajo crecimiento

*Por Juan Carlos Orrego Ocampo. Los recientes terremotos de Colombia y Venezuela ofrecen un nuevo indicio de la dimensión que están adquiriendo los desastres en América Latina y el Caribe. Las daños en el caso de Colombia estimados inicialmente en US$ 9,840 millones y en Venezuela en US$19,600 millones[1], son una evidencia más de que los costos de los procesos de recuperación desastres están siendo realmente enormes y por tanto los desafíos de financiamiento. Colombia y Venezuela no son casos aislados. En Colombia, el denominado frente frío de comienzos de 2026 llevó al Gobierno a adoptar medidas fiscales extraordinarias para financiar un plan de recuperación estimado en alrededor de US$ 2.767 millones[2]. En Jamaica, el huracán Melissa en 2025 provocó daños estimados en US$8.800 millones[3], equivalentes al 41% del PIB nacional. En Brasil, las inundaciones de Rio Grande do Sul en 2024 ocasionaron daños y pérdidas por US$16.460 millones según una evaluación conjunta de la CEPAL, el BID y el Banco Mundial[4]. Todo esto sin considerar la inversión que fue necesaria para responder al desastre sanitario por la pandemia del COVID 19. La factura que han pasado los desastres ha aumentado por la mayor exposición y fragilidad de población, bienes y servicios. A esa acumulación de exposición se suman déficits históricos en la calidad de la urbanización y la infraestructura y, crecientemente, los efectos del cambio climático sobre determinados eventos extremos. Si el orden de magnitud de los costos de los desastres ha cambiado, también lo han hecho las fuentes de financiamiento. A diferencia del pasado, donde la cooperación internacional podía desempeñar un papel central en el financiamiento, hoy la mayor parte de esos recursos provienen de presupuestos nacionales. La reconstrucción por los efectos del huracán Mitch en 1998 constituyó uno de los últimos grandes procesos en los que las donaciones y compromisos internacionales alcanzaron una magnitud comparable con las necesidades, movilizando alrededor de US$5.600 millones de la época. Desde entonces, frente al creciente costo de los desastres, el apoyo externo ha resultado cada vez menos significativo en términos relativos, lo que está llevando a que los gobiernos deban asumir la función pública de financiar y llevar a cabo los procesos de recuperación con recursos propios, endeudamiento o reasignaciones presupuestales. Son varios los problemas que los desastres y sus procesos de recuperación plantean en países con bajo crecimiento que van desde los costos fiscales, hasta la desacumulación del desarrollo. A medida que una proporción creciente de los recursos públicos debe destinarse a reparar lo destruido, disminuye el margen fiscal para financiar las inversiones y las políticas sobre las cuales los gobiernos construyen sus promesas de crecimiento, bienestar y transformación social. Es el caso de Colombia donde la recuperación por el frente frío puede representar más de un 10% del presupuesto de gasto en capital (2026). La consecuencia es trascendental. Los desastres dejan así de ser únicamente una tragedia humanitaria o ambiental para convertirse también en un factor que condiciona la capacidad del Estado para cumplir su proyecto político y preservar su legitimidad. Los desastres ya no compiten únicamente con otros gastos de emergencia; compiten con el presupuesto de la educación, la salud, la vivienda, la infraestructura, la seguridad y la transición energética. En otras palabras, cada gran desastre obliga a redefinir las prioridades del Estado. Los desastres alteran el funcionamiento productivo y social y los procesos de reconstrucción comprometen cada vez más recursos y obligan a redefinir las prioridades de los Estados, también generan un factor de incertidumbre, inestabilidad o volatilidad. En una región como América Latina que no solo crece poco, sino de manera inestable, un clima pendular y de extremos climáticos resulta grave. Esta región, por factores como la variabilidad climática, pasa de las sequías, los incendios, el estrés hídrico y las restricciones energéticas asociados con El Niño a las lluvias extremas, inundaciones y deslizamientos vinculados con La Niña o viceversa, dependiendo del país. Cuando estos episodios ocurren y de forma frecuente suelen encontrar a numerosos territorios, gobiernos y hogares todavía recuperándose del anterior. A este subibaja climático se superpone e interactúa con un subibaja económico. Ya Almudena Fernández, economista en jefe del PNUD, advertía que las fluctuaciones económicas de América Latina y el Caribe son considerablemente más pronunciadas que las de las economías avanzadas y el promedio mundial. Después de la pandemia, la volatilidad del crecimiento regional fue 1,4 veces mayor que la de las economías avanzadas y 1,5 veces superior al promedio mundial. El problema no es únicamente que las economías caigan con mayor fuerza, sino que los choques transitorios dejan cicatrices permanentes en la inversión, la productividad, la educación, la nutrición y la acumulación de capital humano. América Latina y el Caribe enfrenta así una combinación de volatilidades superpuestas: una de las mayores desigualdades del mundo, una elevada volatilidad del crecimiento económico y una alta exposición a amenazas naturales. Cada una de ellas limita el desarrollo por sí sola. Pero cuando interactúan, generan un ciclo en el que los desastres destruyen activos, profundizan la desigualdad y reducen la capacidad de crecimiento, dejando a los países más vulnerables frente al siguiente choque. Frenar esta combinación de volatilidades no es sencillo. El problema es que los mismos horizontes políticos cortos que favorecen la acumulación del riesgo dificultan después reconstrucciones capaces de reducirlo. Prevenir genera beneficios que suelen aparecer después de varios gobiernos; reconstruir, en cambio, exige resultados inmediatos. Esa asimetría ayuda a explicar por qué América Latina reconstruye tantas veces vulnerabilidades que ya conocía. Durante años los ministerios de Hacienda se preocuparon por la deuda pública, la inflación o el déficit fiscal. En las próximas décadas tendrán que preocuparse también por la acumulación de riesgo. América Latina no necesita únicamente reconstruir más rápido después de los desastres. Necesita dejar de perder desarrollo cada vez que ocurre uno. Eso exige dejar de considerar la gestión del riesgo como una política de emergencia y comenzar a entenderla como una política de crecimiento económico, estabilidad fiscal y fortalecimiento institucional. En una región donde la volatilidad climática se superpone con la volatilidad económica y una de las mayores desigualdades del mundo, gobernar el riesgo es, en realidad, gobernar el desarrollo. En el fondo, los desastres amenazan con destruir la capacidad de desarrollo. Tal vez ha llegado el momento de reconocer una restricción decisiva: la trampa de los desastre que vive América Latina, que consume recursos, desacumula desarrollo y limita la capacidad de los gobiernos para cumplir las promesas de desarrollo. Ignorar deliberadamente el impacto de los desastres y desconocer las interacciones entre las volatilidades climáticas, económicas y sociales es negarse a evitar lo evitable. Juan Carlos Orrego Ocampo es un experto latinoamericano en gestión del riesgo de desastres, resiliencia y desarrollo sostenible. Fue subdirector General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y ha asesorado a gobiernos y organizaciones internacionales. Su trabajo se centra en los vínculos entre desastres, desarrollo, desigualdad y políticas públicas. [1] El 23 de julio de 2026, el Grupo Banco Mundial publicó su evaluación GRADE ( Global Rapid Post-Disaster Damage Estimation ) y estimó que los terremotos del 24 de junio . [2] Decreto Legislativo 241 de 2026. [3] World Bank & Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR). (2025). Global rapid post-disaster damage estimation (GRADE) report: Hurricane Melissa 2025 Jamaica . World Bank. [4] Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, & Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2024). Avaliação dos efeitos e impactos das inundações no Rio Grande do Sul .