Por Marcelino Pérez
Ha pasado más de un mes y Ceuta sigue siendo el gran problema, el centro de atención y un disolvente de votos socialistas. Al final, en Ceuta convergen los problemas de España. Las causas que se han enquistado en la sociedad sin que se tomen decisiones. Ahora mismo el gobierno está en un callejón sin salida… o mejor dicho las salidas pasan por una enmienda a la totalidad de sus políticas.
Los hechos mantienen la gravedad del asunto. El ministro Marlaska, un político que debió haber sido cesado hace mucho tiempo, prometió que en unos días todas las personas que entraron ilegalmente en Ceuta serían expulsadas. Y lo dijo sabiendo que eso, con la ley en la mano, era poco menos que imposible. Ahora es evidente que Marlaska mintió y, lo que es peor, no encuentra una salida al problema.
Para recuperar la normalidad es preciso que los miles de inmigrantes que llegaron a finales de agosto a Ceuta salgan de esa pequeña ciudad. La fórmula imposible es devolverlos a Marruecos y ahí aparece la primera barrera, una barrera puesta por el PSOE y sus socios de extrema izquierda: Los inmigrantes deben tener unos derechos que impidan su expulsión. Comenzó cuando el barco de Open Arms llegó a España con inmigrantes rescatados y se dijo que España era tierra de acogida. En ese momento crítico, el gobierno de izquierdas decidió que todos los inmigrantes eran bienvenidos. La expulsión requiere primero un cambio de la ley o un decreto ley que sería un reconocimiento de que la política de inmigración de estos últimos siete años ha sido equivocada. Otra solución es declarar el estado de excepción, pero esa situación obliga a que el asunto pase por el parlamento y eso para el PSOE es un trago que no están dispuestos a soportar.
Otra solución es traer a la península a quienes entraron ilegalmente en Ceuta. Se pueden hacer cupos y dispersarlos por toda España. 10.000 o 12.000 inmigrantes más tampoco son nada extraordinario. Pero el gobierno no se atreve a hacerlo porque sus socios catalanes y vascos no quieren que lleguen más africanos a sus comunidades y, porque el 'efecto llamada' sería enorme. Este será el camino que abordará el gobierno cuando se apague la polémica y se hará en pequeños grupos de forma que apenas tenga repercusión en la opinión pública.
Lo más grave es que no existen mecanismos que impidan que esto se repita. Si desde Marruecos se abre otra vez la puerta y llegan a nado o por las alambradas otra avalancha de varios miles de jóvenes, mujeres y niños ¿Qué harán las fuerzas de seguridad españolas? Todo indica que poco menos que nada, porque además de cambiar las leyes será necesario aceptar una política de mano dura. Si el gobierno cambia de color y le toca a un ministro del PP expulsar a los inmigrantes, España arderá en las calles agitados por las fuerzas de la ultraizquierda.
La solución se presenta inexistente, porque reside en un pacto entre el PP y el PSOE que modifique la ley y adopte una posición de fuerza en la frontera y una política de
buenas relaciones con Marruecos, pero con una clara determinación de no ceder ni un palmo de soberanía. España tiene en sus manos resortes de gran calibre para obligar a Marruecos a cerrar el paso a los emigrantes. España tiene un peso económico, industrial, agrícola y tecnológico muy superior a Marruecos y además una buena parte de la energía que mueve la industria marroquí depende de España.
El gobierno español puede tratar de tú a tú al rey de Marruecos y posee instrumentos (Energía, mano en la UE, tecnología, agricultura, etc.) para frenar la inmigración además del último paso: España puede y debe controlar su frontera al margen de lo que haga Marruecos.
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