Editorial: Más control, pero también más responsabilidad

La reforma a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial aprobada por la Asamblea Nacional pretende poner orden en un sistema que durante años ha acumulado problemas, vacíos y disputas de competencias. El paquete incluye cambios en el control de tránsito, radares, matriculación, licencias, peajes, transporte público, motocicletas eléctricas, micromovilidad y delivery. Es, por tanto, una reforma que tendrá impacto mucho más allá de las calles y carreteras. Hay aspectos que merecen respaldo. La digitalización de los registros vehiculares, la identificación electrónica de los automotores, la revisión de los fotorradares, la regulación de nuevas formas de movilidad y la exigencia de pólizas para determinados servicios de transporte pueden contribuir a un sistema más ordenado y seguro. También es razonable revisar los mecanismos de control cuando existen denuncias de irregularidades en agencias de tránsito y procesos de matriculación. Pero precisamente por la magnitud de la reforma, preocupa que se pretenda solucionar problemas estructurales principalmente mediante más controles y nuevas obligaciones. Una ley puede establecer registros, sanciones y procedimientos, pero no garantiza por sí misma que disminuyan los siniestros, la corrupción o el caos vehicular. El caso de los radares es un buen ejemplo. Durante años, muchos ciudadanos han cuestionado su utilización y la sensación de que algunos funcionan más como mecanismos de recaudación que de prevención. La reforma plantea revisar su homologación y limita los modelos de remuneración vinculados a las multas. Es un paso correcto, pero insuficiente si no existe transparencia absoluta sobre contratos, ubicación, calibración y resultados. Regular el delivery, las motos eléctricas y los scooters también es necesario porque la movilidad cambió más rápido que la legislación. Sin embargo, la regulación debe evitar que la seguridad se convierta en una cadena de trámites y sanciones para el ciudadano. El Estado debe controlar, pero también facilitar el cumplimiento. La reforma tiene una oportunidad importante: construir un sistema de tránsito más transparente, moderno y seguro. Para lograrlo, el Ejecutivo deberá revisar con cuidado el texto antes de sancionarlo y, posteriormente, las autoridades tendrán que demostrar que pueden aplicar las nuevas reglas con criterios técnicos y sin discrecionalidad. Ecuador necesita que las normas se cumplan, que los controles sean confiables y que la seguridad vial deje de depender de reformas periódicas.